jueves, 30 de marzo de 2017




Reformas al Sistema Electoral Colombiano y ampliación de la democracia política

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)


El Ministerio del Interior,  conjuntamente,  con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Centro Carter, en el marco de los Diálogos Políticos para la Apertura DemocráticaEN LA RUTA DE LA PAZ, el pasado 24 y 25 de Marzo, en la ciudad de Cartagena,  invitaron a las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral (Partidos, Movimientos Sociales, Consejo Nacional Electoral, Registraduría del Estado Civil, Consejo de Estado, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, presidentes de Senado y Cámara, Academia, entre otros invitados nacionales y extranjeros) a un taller de trabajo en el que la Misión Electoral Especial (MEE), da a conocer y coloca ante la opinión pública, un avance de los resultados del trabajo encomendado por el Acuerdo del Colón en el punto de participación política, dirigido a ajustar y reformar el Sistema Electoral Colombiano en el camino de hacerlo más eficiente y transparente.

El taller resulto altamente “positivo”, en la medida en que pudieron expresarse con especial responsabilidad todos los sectores incluyendo al Centro Democrático, que una vez más, puso de presente su autismo para escuchar a otros sectores y ver reflejadas sus propuestas en las formulaciones de la MEE. El diálogo pluralista y amplio resulto ser un buen indicador de las posibilidades y alcances reales que puede tener una propuesta de reforma al sistema electoral en un momento como el actual de implementación de acuerdos de paz y a portas de un proceso electoral.

Al menos se pudieron detectar tres tendencias en materia de intención de apoyo de cambios al sistema electoral.

Una primera tendencia,  con gran fuerza,  que piensa que los ajustes hay que hacerlos en tres sentidos y en perspectiva de que los mismos puedan ponerse en marcha en las elecciones que se avecinan: 

 Primero, persistir en el fortalecimiento de la institución partidaria creando las condiciones del orden constitucional para facilitar los procesos,  lo que demanda regular la democracia interna de los partidos,  de tal manera,  que todas las expresiones que se den a su interior cuenten con las mismas oportunidades y garantías para la definición de sus liderazgos y de la conducción misma de la institución partidaria. 

Segundo,  el establecimiento de las listas cerradas como criterio esencial para mantener la unidad del partido y los propósitos colectivos, por encima de los intereses electorales y clientelistas  particulares de sus miembros y sus dirigentes y, 

Tercero, la financiación pública de las campañas y de la vida de los partidos, conforme a unos criterios de equidad que permita el funcionamiento adecuado de cada partido desde sus propias necesidades y expectativas de crecimiento.

Una segunda tendencia, que centra su atención en el tema de las coaliciones, lo que en alguna medida implica trabajar sobre el criterio de listas abiertas y voto preferente, que centra su preocupación en la necesidad de disminuir los umbrales, darles mayor participación a los representantes de los territorios y a los sectores étnicos y sociales y, que está de manera clara en sintonía con la financiación pública de los partidos. Esta tendencia en lo esencial está representada por las pequeñas y medianas organizaciones partidarias que sienten que el sistema está hecho para que prevalezcan los grandes partidos contra las minorías políticas.

Una tercera tendencia, que está dividida en dos enfoques frente a un mismo problema, la arquitectura institucional del sistema electoral. El primer enfoque, considera que no es necesario hacer cambios estructurales a las instituciones electorales, que lo que se trata es de hacer reformas que las haga más eficientes y que defina con claridad los roles de cada una de las instituciones detallando con suficiencia los relacionamientos institucionales. Cada una de las instituciones que están involucradas en los procesos electorales defiende su gestión y reclama, pequeños e insignificantes ajustes, sin embargo, algunos consideran que de lo que menos se trata,  en este momento,  es de maquillar unas instituciones  desgastadas por todos los vicios de una democracia enferma de exclusión, clientelismo y corrupción.

El segundo enfoque, considera que la reforma al sistema político pasa por cambios estructurales al régimen de partidos, a los sistemas de participación ciudadana, al sistema electoral y la expedición de un estatuto de oposición que ofrezca garantías y mejore la democracia colombiana haciéndola  más amplia,  profunda e  incluyente. Que la reforma debe tomar en consideración una nueva estructura institucional que transforme el funcionamiento integral del sistema, cree rigurosos y eficientes mecanismos de control y,  juiciosos e independientes tribunales electorales. Considera que los funcionarios de las instituciones del sistema electoral deben trabajar con independencia de los partidos y con autonomía para definir sus propios procesos en el camino de generar un modelo de democracias incluyente, eficiente y transparente. Algunos, son partidarios de la creación del poder electoral, como un cuarto poder, que surge de la necesidad de dotar a la institucionalidad de todas las seguridades y posibilidades para actuar con eficiencia en favorecimiento de los derechos políticos de la ciudadanía. 

En el taller también tuvo lugar en la discusión temas como el voto obligatorio, lo que lo convertiría de un derecho en una obligación ciudadana, sin que exista la certeza que esa propuesta realmente fortalezca la democracia o al contrario, la mercantilice. La propuesta se formula para que el voto obligatorio sea implementado en los dos períodos electorales siguientes, pero como es costumbre en nuestro país lo que se crea para un período de tiempo determinado a la postre se establece de manera permanente. Igualmente, se habló de la participación de la mujer, la ley de cuotas, reclamando mayor igualdad y equidad en la vida partidaria y en las listas electorales. Los jóvenes tuvieron en el taller un interesante desempeño reclamando mayor participación en las instituciones de elección popular y la disminución de la edad para poder hacer parte de algunas de esas instituciones. 

Fue ninguna la discusión en términos de propuestas para la construcción de la democracia municipal y departamental, las Asambleas y los Concejos no fueron tocados en esta discusión, lo que resulta a todas luces lamentable, porque si ha de comenzar a cambiar el funcionamiento de la democracia debe hacerse desde la unidad básica de la construcción institucional y administrativa del Estado, que resulta ser el municipio.   

Me dio la impresión que se piensa que se amplia y profundiza la democracia si aumentan las curules y eso es muy relativo y costoso. Se amplia y profundiza la democracia si el sistema de representación es más incluyente, si se toman en consideración sectores tradicionalmente excluidos y si se posibilita la participación ciudadana en el desarrollo de la administración y gestión pública. Si se forman comunidades participativas con capacidad de decisión y  gestión de los asuntos públicos.

Muchos otros problemas se trataron en el taller de Cartagena con la MEE: el acceso,  la utilización y financiación de los medios de comunicación, el voto electrónico, la representación territorial, la corrupción y los delitos electorales, los riesgos de la financiación “privada” de convertir el sistema político en una “democracia de contratistas”, las dificultades reales para establecer controles a los ingresos de dineros privados e ilegales a las campañas, la responsabilidad los partidos frente a los avales de sus candidatos…

La MEE es una oportunidad para poder avanzar en las reformas necesarias y pertinentes con los consensos necesarios y las urgencias históricas que tiene el sistema electoral de transformarse. Las reformas al sistema electoral, quedo claro en el taller,  deben surgir de la necesidad existente, el consenso político y el Acuerdo de Paz.   Muy difícil modificar cualquier regla de juego a pocos meses de un proceso electoral. Sin embargo, es necesario hacer propuestas sobre cambios posibles que cuentan con consenso, estableciendo el punto medio de las reformas que hay que hacer en el tiempo que se tiene y dejar una hoja de ruta que vaya madurando en el inmediato futuro las lógicas de los cambios urgentes, necesarios y estructurales.

Un reto mayor tiene la Misión Electoral Especial, para fijar esa hoja de ruta; sin embargo, puede hacerlo con toda libertad y autonomía, porque no es la Misión, la que tramita las reformas, establece los consensos y asume las responsabilidades, sino, el Congreso de la República. Las propuestas deben formularse de tal manera que cada uno de los miembros sienta la tranquilidad de haberle cumplido al país con lo que era históricamente necesario.  


viernes, 3 de marzo de 2017



  • 8 DE MARZO: HISTORIA Y ORIGEN  DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


La historia del Día Internacional de la Mujer está unido a la lucha que las mujeres trabajadoras han desarrollado a través del tiempo, por alcanzar mejores condiciones de vida y trabajo,  salarios más justos, jornadas laborales menos inhumanas y las mayores dignidades para su condición de mujer.

Si bien se pueden rastrear los movimientos de trabajadoras que dieron origen a la conmemoración desde 1857, son la marchas de trabajadoras del mes de marzo de 1907 que movilizo 15.000 trabajadoras textiles en Nueva York al grito de “¡Pan y rosas!“, condensando en esta consigna sus demandas por aumento del salario y por mejores condiciones de vida y, la huelga y la toma de la fábrica textil Cotton de Nueva York,  el 8 de Marzo de 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras en un incendio provocado por los dueños de la fábrica,  en complicidad con las fuerzas de policía,   ante la negativa de las trabajadoras de abandonar la toma de la fábrica en la que protestaban por los bajos salarios y las inhumanas condiciones de trabajo que padecían, las que dieron origen a la conmemoración.  

En 1910, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,  la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista y por la dignificación del trabajo de las mujeres. Durante casi un siglo las mujeres subsumieron sus intereses y derechos a las luchas sociales y políticas de los trabajadores en general y no fueron pocos las manifestaciones de sacrificio y compromiso por dignificar el mundo de los derechos del trabajo y de los trabajadores en general.  

Sin embrago,  a medida que el movimiento feminista ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. El 8 de marzo, miles de mujeres se movilizan en todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que desconocen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades.

Pese a los avances que se han alcanzado en materia de reconocimiento de derechos  las mujeres siguen demandando derechos básicos y fundamentales como acceder a la educación, la salud, la cultura, el trabajo o la política y enfrentando las formas de exclusión, discriminación, explotación y el acoso en todas sus dimensiones, de la sociedad machista y patriarcal.

La humanidad en general tiene una deuda histórica impagable con el sacrificio realizado por las mujeres para la consolidación y el desarrollo de la vida humana y la cultura;  son millones las historias de las mujeres que a lo largo y ancho del planeta se han convocado en la lucha por alcanzar los derechos de la mujer en un mundo más justo e igualitario. Deuda histórica que se acrecienta con las nuevas formas de explotación del trabajo y la utilización y subordinación de las mujeres en un universo cada vez más desigual y excluyente con ellas.

El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quiere en esta ocasión hacer un especial reconocimiento a las mujeres de nuestra comunidad universitaria y,  a través de ellas,  a todas las mujeres de nuestro país, en particular,  a las que han sido víctimas de la violencia, la exclusión, la discriminación y el acoso en todas sus formas.

Trabajamos para que los derechos de las mujeres se garanticen y podamos construir las mayores y mejores relaciones de igualdad y respeto.  Persistimos en la superación de todas las formas de violencia y acoso y,  en la construcción de una cultura  del mayor respeto y reconocimiento de la condición de mujer.

Para todas ellas nuestro abrazo afectuoso y solidario con sus luchas.

Departamento de Ciencia Política
8 Marzo de 2017  

miércoles, 1 de marzo de 2017








LAS ARMAS SON LO DE MENOS…
Los retos de la implementación de los acuerdos de paz

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)


Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP,  en medio de no pocas dificultades y no obstante,  haber sido el resultado de una actitud responsable con el país  y objetiva en términos de los alcances posibles del proceso, no han dejado de contar con una frenética oposición,  que ya proyecta acciones de reversión de los mismos, si como fuerzas políticas opositoras logran acceder al poder en las elecciones del 2018. En las actuales circunstancias, dado el periodo político que se avecina, las incertidumbres que se ciernen no son pocas y los retos que tiene la implementación marchan contra el tiempo.

Las  urgencias de la implementación   

No resulta fácil para ningún proceso de paz, avanzar en el camino de la implementación de los acuerdos firmados. El paso de lo escrito a la realidad de las acciones en el ámbito de lo institucional-normativo, a través de la formulación de las leyes que recogen con la mayor fidelidad posible el espíritu del acuerdo, constituye en sí mismo un reto mayor, pese a la existencia del mecanismo del Fast Track y de la voluntad política que han mostrado algunos sectores para comprometerse a cerrar el proceso cumpliendo con las responsabilidades asumidas. Tal vez el mayor problema de la implementación, en el campo de las ejecuciones del gobierno, lo constituye la maraña de procedimientos jurídicos e institucionales que resultan del ordenamiento estatal y la normatividad existente que impide que los procedimientos y las ejecuciones funcionen al ritmo que los requiere cada momento; pero igualmente,  la sesgada priorización que el gobierno hace de sus particulares urgencias, las que se centran en la dejación de armas por parte de las FARC y la sustitución,  de al menos 50.000 hectáreas, de cultivos de uso ilícitos.

La ruta de implementación debe ir evacuando poco a poco una agenda legislativa que favorezca la materialización de acuerdos en aspectos que son esenciales para que el proceso se haga irreversible y de realizaciones prácticas que llenen de seguridades a quienes se van a reincorporar y,  en general,  a la sociedad:

·         Amnistía e Indulto

Primero,  fue necesario sacar la Ley de Amnistía e Indulto, Ley No.1280 del 30 de Diciembre de 2016,  que posibilitó que las fuerzas insurgentes comenzaran a marchar hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), con la mayor seguridad jurídica posible. Sin embargo,  aún el número de amnistiados e indultados que se encuentran en las cárceles y que representan una población aproximada a los tres mil prisioneros, no ven que el sector judicial y la fiscalía se apersonen de la situación y comiencen a producirse las liberaciones pertinentes, para que estos prisioneros y prisioneras se desplacen a sus zonas, se vinculen a los procesos de reincorporación y respondan,  cuando tengan que hacerlo,  ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  La Ley de Amnistía no solo favorece a los guerrilleros de las FARC, sino, que adicionalmente permite adoptar un tratamiento especial para terceros involucrados y miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados y condenados por  cometer delitos durante el desarrollo del conflicto armado. 

·         Jurisdicción especial para la Paz y Victimas

Segundo. También ha tenido curso la aprobación de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) que es el escenario donde tendrán tramite los procesos que no son amnistiables, ni indultables, por constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra y, se ha designado la Comité de Escogencia  que se encargaran de elegir a los 113 magistrados que harán parte de dicha jurisdicción. Esta Comisión está constituido por el magistrado José Francisco Acuña,  de la  Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; el jurista peruano Diego García-Sayán por parte de la ONU; el argentino Juan E. Méndez que procede del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), del cual es presidente emérito; Álvaro Gil-Robles, abogado español designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos y,  Claudia Vacca González designada por el  Sistema de Universidades Públicas profesora de la Universidad Nacional.

Tercero. El tema de justicia está unido a los derechos de las víctimas y al compromiso de reparación integral y no repetición que también depende del éxito de la implementación. Sobre esta población más allá de lo que se venía haciendo es poco lo que se ha avanzado.    

·         Estatuto de Oposición, reformas política y electoral

Cuarto. El proyecto del Estatuto de Oposición ya está listo y,  seguramente,  pasará por el congreso para su aprobación.  Este es recurso político que estaba en mora de ser presentado y es una vieja deuda que se tiene con la Constitución de 1991 y en general con la democracia y las fuerzas políticas del país.

Quinto. Un muy importante esfuerzo vienen realizando las comisión que tienen la responsabilidad de presentar ante el congreso de la republica la Reforma Política,  la reforma al sistema de partidos y al sistema electoral, para presentar al mecanismo de Fast Track, los respectivos proyectos de Ley, es de esperarse que estos tengan tramite en los próximos tres meses a tardar.  

·         Lo agrario está lejos…

Sexto. Lejos aún está de la agenda legislativa los temas agrarios, cuyo tratamiento es muy sensible para ciertos sectores de la sociedad que vienen haciendo la mayor oposición a ese tema, que es en esencia de naturaleza estructural en la superación del conflicto y que se une de manera complementaria con el tema de cultivos de uso ilícito en los que se avanza entre el diálogo con las comunidades y acuerdos de erradicación concertada y, de confrontación directa e imposición de políticas de erradicación forzada, que desconocen el espíritu del acuerdo en lo que se corresponde con el punto 4.

·         La mayor urgencia:  las ZVTN

No obstante el mayor problema sigue siendo en materia de implementación la crítica situación que viven las comunidades de las FARC-EP, en las ZVTN cuya adecuación ha sido lenta e insuficiente para garantizar condiciones dignas de quienes allí se concentran en el proceso de Dejación de Armas y, sobre todo, para dar impulso a los programas de reincorporación de cuyo éxito depende realmente la finalización de la guerra.

El gobierno tiene premura porque las FARC-EP entreguen a las Naciones Unidas  las armas en el calendario que se ha propuesto para hacerlo, y que se desarrollen las tareas de erradicación forzada, las FARC-EP, están pensando en sentido más prospectivo y de mayor alcance, para ellos, las armas no son lo importante, sino que se creen las condiciones para un proceso de reincorporación que sea irreversible. Porque si no es así, se vivirá permanentemente en una potencial situación de guerra y, como lo han señalado con frecuencia miembros de la insurgencia y,  no pocos especialistas,  para empezar una guerra las armas son lo de menos…