jueves, 10 de diciembre de 2015

DDR o DNP
La ruta de finalización del conflicto

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

El proceso de conversaciones de La Habana en general va bien, pese a las múltiples dificultades por las que atraviesa,  a los estancamientos a los que se ha visto sometido por los condicionantes del tema de justicia en el punto de victimas, a raíz del incidente de la firma del pasado 23 de septiembre, que reabrió la discusión en un momento crucial y simbólico del proceso, que quedara en la memoria de los colombianos: El encuentro del presidente  Juan Manuel Santos con el Comandante de las FARC, Timoleón Jiménez. 

No creo que el acuerdo final se pueda firmar, como quiere el gobierno, el próximo 23 de Marzo del 2016, porque aun son muchos los temas por abordar y no son pocas las dificultades que existen para hacerlo, recordemos que quedan en cada uno de los puntos tratados unas “salvedades” que no son de cualquier tamaño y cuyo abordaje es complejo. Ya las FARC han anunciado que los seis meses corren a partir del momento en que se llegue a un acuerdo en el tema de Justicia, que según se dice se dará a conocer en los próximos días. De todas formas lo que determina el tiempo del proceso es la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.    

No hay un acuerdo todavia sobre el mecanismo de refrendación. La iniciativa unilateral del gobierno sobre el plebiscito, seguramente tendrá en la mesa de conversaciones las discusiones pertinentes, hasta que las partes encuentren un mecanismo, cualquiera que sea, que las satisfaga.

No obstante todo lo anterior, las conversaciones ya iniciaron de manera directa el tema de Fin del conflicto que se corresponde en la agenda con el punto tres y que compromete: 1. Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. 2. Dejación de las armas. Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses. 3. La revisión por parte del Gobierno Nacional de la situación de las personas privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP. 4. La intensificación por parte del Gobierno Nacional del combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular contra cualquier organización responsable de homicidios y masacre o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos. 5. La revisión, las reformas y los ajustes institucionales por parte del Gobierno necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz. Y,  6. Garantías de seguridad, para los miembros de las FARC.

Este punto nos coloca frente a un proceso que es sustancialmente distinto a otros procesos de paz desarrollados en Colombia y en el mundo, que nos obligan a ampliar los imaginarios y a encontrarnos con nuevas elaboraciones que se adecuen a las particularidades del conflicto colombiano.

Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)  o Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP)    

Lo primero que es necesario señalar es que el proceso se desarrolla entre partes que se conciben como iguales y que las FARC no están en la mesa de conversaciones como una fuerza derrotada, ni el gobierno como una fuerza victoriosa, independientemente,  de lo que se refleje en el campo de batalla. Esta situación crea en materia de aplicación de instrumentos y manejo del lenguaje unas condiciones y necesidades específicas, para que se vea reflejado en la fase de fin del conflicto.

Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR)

No es útil para este proceso la formula de Desarme, Desmovilización y Reinserción (DDR) utilizado con frecuencia con organizaciones que han sido derrotadas o que han decidido someterse a la institucionalidad. 

En estos procesos, las fuerzas ilegales o insurgentes entregan las armas al Estado, quien procede en distintas direcciones según los acuerdos; por lo general, las destruyen o elaboran monumentos para la memoria. Las fuerzas se desmovilizan y entran en programas de reinserción con una oferta estatal de ayudas, durante un periodo  de tiempo específico,  mientras logran las estabilidades que les permiten retomar sus proyectos de vida con autonomía. En algunos casos, sobre todo cuando se trata de insurgencias, intentan la construcción de proyectos políticos que se disuelven en el tiempo permaneciendo solo algunos protagonistas en el escenario político nacional al interior de distintas fuerzas políticas, de izquierda y derecha. Una parte importante de reinsertados, cuando se agotan las ayudas e incluso antes,  reinciden en prácticas de violencia o de delincuencia. Recoger la experiencia de los procesos que se han dado no solo en nuestro país, sino, igualmente, en otros procesos como los centro americanos es importante, para innovar en los procedimientos y evitar la mayor cantidad de reveses que puedan presentarse.

Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).

En las conversaciones entre Gobierno y FARC, se ha comenzado a poner en evidencia que este proceso va seguir una ruta distinta a la de DDR, que podríamos denominar como de Dejación de Armas, Normalización y Participación Política (DNP).

La dejación de armas es un requisito fundamental para la terminación de la guerra, pero la ruta seguida por estas es necesario tenerla clara. Primero,  la dejación de armas es antes que nada una declaración política que hacen las partes, esto es Gobierno y Farc, ante la comunidad nacional e internacional, de no volver a utilizar las armas en los conflictos políticos internos, contra las distintas fuerzas políticas, las instituciones o la población. Segundo, en el caso de las armas del Estado estas deben estar al servicio de la nación en los fines y propósitos, que les fija la Constitución Nacional para la defensa de la soberanía, la nación y las instituciones democráticas. Tercero, en el caso de las armas de la insurgencia, pueden seguir varias rutas: si lo que se establece es un armisticio, que no es muy factible que la sociedad colombiana lo acepte,  las FARC permanecerían con las armas en silencio y lo que garantizaría esto es su declaración pública de dejación de armas. Si no es este el caso, tampoco es el de que las FARC vayan a entregar las armas al Estado, pues esto sería considerado como un acto de derrota, lo que no está en los imaginarios de esta organización. No habrá entrega de armas al Estado a la manera de procesos anteriores. Existen dos posibilidades para sacar las armas del conflicto, una es que se recojan y se depositen bajo un protectorado internacional hasta que se decida que hacer con ellas. La otra es colocarlas en venta para que el Estado que esté interesado en comprarlas lo haga y los recursos se destinen al fortalecimiento de la organización política nueva y en el proceso de normalización.

Es necesario tener claro que no son las armas por si solas las que definen la guerra, es la intención de usarlas con fines políticos la que la definen. Si esa intención desaparece, desaparece la guerra. Cuando la intención aparece, aparecen las armas.

El tema de la Normalización es muy importante y ya las FARC lo vienen planteando conforme a los enunciados del acuerdo general que al respecto señalan: “Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil - en lo económico, lo social y lo político -, de acuerdo con sus intereses”. Este proceso debe garantizar a los miembros de la organización las condiciones para que se puedan incorporar con derechos y garantías al ejercicio de la vida social y económica en los territorios.

Las FARC han hecho una propuesta que es necesario tomar en consideración y eso no significa que tenga que aceptarse, pero tampoco, que tenga que descalificarse, es la referente a los territorios de paz, llamados Terrapaz. Es necesario que se haga una juiciosa reflexión y discusión sobre esta propuesta, en la que las partes estén dispuestas a acordar lo que es posible. En esos territorios de paz, llámense como se quieran llamar, debe ofrecerse la oportunidad en el proceso de normalización que se establezca las condiciones para que vivan con seguridad los miembros de la organización, construyan sus propios proyectos económicos y productivos y desarrollen el trabajo político organizativo que permitan hacer vida política en el país. Desde luego que deben desmilitarizarse esos territorios, porque ya no existe razones para la presencia militar, la guerra se acabo. Lo que no significa que el Estado debe dejar de existir y hacer presencia allí, con políticas de bienestar y seguridad.

Que durante el tiempo que sea necesario los miembros de las FARC, sobre todo las comandancias,  puedan contar con sus propios esquemas de seguridad constituidos por miembros de la organización, es viable, incluso hay amplias experiencias al respecto en la historia del país. No obstante es necesario señalar que ese personal debe ser reentrenado y articulado a la institucionalidad en la Unidad de Protección que está adscrita al Ministerio del Interior, porque serán trabajadores del Estado.

En síntesis, la normalización crea las condiciones institucionales, sociales, económicas y políticas para que en el pos-acuerdo los miembros de la organización puedan usufructuar sus derechos en las mismas condiciones que todos los ciudadanos del país. En ese proceso, las comandancias y el gobierno nacional, tienen una mayor responsabilidad de garantizar que las bases tengan una ruta de normalización cargada de garantías y opciones de vida digna.  

La movilización hacia la  Participación Política, en este periodo, es tal vez el mayor reto que tiene la organización para permanecer en la vida política de la nación a partir del pos-acuerdo. La crisis por la que atraviesa la izquierda tradicional los coloca frente a retos superiores en el que deben refundarse como organización y refundar la política como practica social en una concepción que les permita ser reconocidos y respetados como una nueva fuerza política en un escenario de luchas democráticas. La posibilidad de contar con un número de curules en senado, cámara, asambleas y concejos, durante al menos dos periodos,  resulta positivo para su consolidación como fuerza política. Pero su participación en la vida política y en la ampliación y profundización de la democracia, como ya lo han planteado no se reduce a eso.  


Diciembre 9 de 2015. 

viernes, 20 de noviembre de 2015


MENSAJE DEL ELN A LA SEGUNDA ASAMBLEA NACIONAL POR LA PAZ

 Veredicto
 Participación en Política
 Uno de los temas que debate la opinión pública es la posible participación en política de los integrantes de las FARC, si se firman los acuerdos en La Habana. Muchos consideran que esto debe ocurrir como consecuencia del proceso; otros, que muchos deben tener restricciones y prohibiciones por los delitos cometidos.
Con  Edward Rodriguez Centro Democrático fiscal y Carlos Medina en defensa.

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Los diálogos con el ELN, se fueron para el 2016…

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz
Universidad Nacional de Colombia

No obstante los avances alcanzados entre la delegación del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación de paz del ELN, en relación con un acuerdo de paz y de una agenda de conversaciones en la fase exploratoria que precede la mesa pública, el país no escuchara este año ese anuncio. Esa mesa de conversaciones se fue para el 2016. Las partes han hecho pública y reiterada manifestación de la voluntad para iniciar un proceso de conversaciones de paz, pero,  todo parece indicar,  que aun no están dadas las condiciones para que se de inicio a ese proceso.

 El presidente Juan Manuel Santos, es el más interesado en sacar adelante una mesa de conversaciones, con esta organización en la medida en que es consciente que sin el ELN, no solo la paz es incompleta, sino que la guerra continuaría, con todo lo que ello implica en costos económicos, políticos y sociales para el país. El ELN, ha declarado a través de Pablo Beltrán, miembro de la delegación de paz de esta organización, en mensaje a la II ASAMBLEA NACIONAL POR LA PAZ, convocada por la Unión Sindical Obrera, La Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social,  que tienen toda la voluntad para marchar en un proceso de paz que comprometa la participación de la sociedad civil y que entienden que este es el momento histórico de la paz. No obstante, esas manifestaciones de voluntad aun no logran encontrar el camino que los conduce a una mesa pública.

El gobierno tiene serias dudas de la unidad interna del ELN y considera que el sector económica y militarmente más fuerte y más radical se está consumiendo el conjunto de la organización influyendo en estructuras debilitadas, las que apoya y recompone a su favor transformando la correlación de fuerzas en materia de los poderes de conducción interna. Señala que no fueron mayores los avances del Quinto Congreso y que no han tomado de manera clara y definitiva la decisión de irse de la guerra y, que así como existen dirigentes del COCE convencidos de la necesidad de marchar hacia la paz, existen otros que ven en los diálogos un escenario de legitimación del discurso insurgente. Igualmente el gobierno lee dinámicas de grupos de interés que le impiden avanzar a la organización en la toma de decisiones, a lo que se suma una especie de deuda solidaria con el gobierno venezolano, al cual el ELN buscaría darle el mayor protagonismo posible en los diálogos, en un momento en que la situación interna venezolana y las tensiones de fronteras dificultan decisiones del gobierno en ese sentido.  

No obstante, estos elementos de percepción, existe la orden presidencial de mantener la dinámica de los diálogos exploratorios y de hacer lo que se requiera en el marco de las posibilidades existentes y con el mayor realismo, para llegar a una mesa pública y dar curso a la discusión de la agenda acordada.

Por su parte, el ELN no ve suficiente voluntad del gobierno para emprender cambios democráticos que favorezcan a la población, amplíen la democracia y posibiliten el desarrollo de los conflictos en un contexto de seguridades que no conduzcan ni a la judicialización, ni a la criminalización. Perciben al gobierno buscando desarmar a la insurgencia para ofertar con mayor seguridad a los inversionistas extranjeros los recursos naturales en el marco de economías extractivas arrasadoras de territorios y de poblaciones. Tienen grandes prevenciones sobre la voluntad real de las elites económicas y políticas de comprometerse y de cumplir con los acuerdos a que se llegue con la insurgencia y la sociedad civil, y no ven que pese a los acuerdos que se han alcanzado en la Habana con las FARC, el gobierno este ajustando la fase de transición que conduce a la implementación de los mismos, sino, por el contrario, lo ven gobernar y legislar en contravía. En síntesis, todavía no se ha construido la confianza suficiente como para involucrarse a fondo en un proceso de paz.

Pero igual que el gobierno, el ELN tiene como orientación persistir en la búsqueda de la salida política al conflicto armado, buscando en lo esencial, en sus palabras, una paz con justicia social, democracia y soberanía.

Estoy convencido que en ese proceso se ha avanzado, que se reconoce al ELN como una organización diferente, que se le toma en serio y que seguramente tendrá una mesa y agenda propia cuando así lo determinen las circunstancias, ojala más pronto que lejos. Ya nos hemos convencido todos aquellos que le trabajamos 24 horas a la paz que no va a ser este año y que seguramente, no será antes de febrero, porque ni el momento es el propicio, ni las condiciones están dadas.

No deja de preocupar el tiempo, si el proceso de paz con las FARC avanza y se firma un acuerdo para someter a refrendación - que con toda seguridad no será el 23 de Marzo-,  el proceso del ELN estaría comenzando en el cierre de las conversaciones con las FARC y, quiérase o no,  algunos de los temas de agenda con el ELN, tienen que coincidir con los de la Habana, porque son dos mesas distintas, pero es una sola paz y es un solo país. Los temas de justicia, victimas y democracia seguramente tendrán similitudes. El proceso de refrendación no tendría un mecanismo distinto, entre otros temas de interés común.  

La llegada del ELN al proceso de paz, puede producirse como un factor renovador y dinamizador de las dinámicas de acuerdo de finalización del conflicto, sin que por ello pierda su especificidad.

Por ahora me permito informar a la opinión pública que el proceso con el ELN se va para el 2016…, al no ser, que al Gobierno Nacional y al ELN, les dé por llevarme la contraía… lo que el país agradecería.

Bogotá, 19 de Noviembre de 2015 

domingo, 8 de noviembre de 2015

Conversaciones GOBIERNO –ELN
Lo único que queda pendiente… es instalar MESA PUBLICA

El largo proceso de conversaciones exploratorias entre el Gobierno Nacional y el ELN, para acordar una agenda de diálogos de paz ha llegado a su fin. Las partes han logrado cerrar los puntos de agenda y han centrado en las últimas reuniones la atención es lo estrictamente formal: Donde se van a realizar las conversaciones, quienes van a ser los países acompañantes y garantes, cuando y en que condiciones se anuncia al país el inicio de la mesa publica, entre otros aspectos de orden logístico y operativo.

Lo importante de esta etapa es que se ha respetado el carácter diferente del proceso del ELN con el que se adelanta con las FARC en la Habana. Se ha entendido que son dos procesos distintos, pero que es una sola la paz de Colombia; que hay temas afines y que es la disposición de las partes la que puede hacer coincidir los acuerdos cuando estos competan al interés del proceso y de la paz. Se ha reconocido que en la agenda de conversaciones con el ELN, hay nuevos e importantes ejes de reflexión que van a ayudar a darle mayor solidez a la construcción de una paz estable y duradera con mayor justicia social, entre ellos, la paz pensada desde los territorios y con las poblaciones.

Recordemos que el Gobierno Nacional y el ELN se han puesto de acuerdo y han cerrado los temas que han de discutirse en la mesa de conversaciones PUBLICA  en lo pertinente a la participación de la sociedad civil, la construcción de un modelo democracia incluyente y pluralista, las transformaciones necesarias para la paz, el tema de las víctimas del conflicto armado y lo referente a la terminación del conflicto y los mecanismos que se deben utilizar para refrendar los acuerdos.

No pueden ser mejores las condiciones que existen actualmente para que los diálogos se inicien, hay una declarada disposición de la Conferencia Episcopal para acompañar los diálogos y hacer las gestiones que sean necesarias para que estos echen a andar, si el gobierno lo autoriza, y no creo que el gobierno y el presidente Juan Manuel Santos tengan ninguna objeción para que la iglesia pueda prestar sus buenos oficios a este proceso. Naciones Unidas y el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, igual han mostrado su mayor disposición para acompañar los diálogos con el ELN.

Las embajadas de Noruega, Suecia y Suiza, entre muchas otras han mostrado toda su disposición para apoyar y acompañar ese proceso. Países como Cuba, Venezuela, Ecuador, que han estado comprometidos con la fase exploratoria así como Uruguay, Brasil y en general todos los países de América Latina que han mostrado su interés en apoyar estos diálogos están pendientes de su inicio y de servir como garantes, acompañantes o auxiliares de lo que se requiera.
Instituciones como UNASUR y la OEA, no tendrían inconveniente en apoyar y acompañar los diálogos, es decir hay ambiente favorable y de apoyo estatal e institucional decidido para que estos diálogos se den en el marco de las mayores garantías.

Pero,  igualmente y de manera muy importante,  hay un apoyo de la sociedad civil que ha trabajado en los ultimos años en la creación de las condiciones para que la paz pueda darse. La Mesa Social por la Paz, La II Asamblea Nacional por la PAZ, La Mesa Ecuménica por las PAZ, Las distintas iglesias,  la Minga Indígena, El Coordinador Nacional Agrario, La cumbre Agraria, Obrera, Campesina y Popular, el Congreso de los Pueblos, Marcha Patriótica, entre muchas otras organizaciones sociales y populares están en el camino de apoyar esos diálogos porque están comprometidos con la paz de Colombia.

No menos importante es el apoyo que pueda prestar la academia que ha publicado ya dos libros en relación con las posibilidades de poner en marcha un proceso de conversaciones con el ELN y que ha abordado la agenda conocida de manera solidaria y propositiva. Las publicaciones ¿Por qué negociar con el ELN? e Y sin embargo se mueve,  son documentos de un gran valor para esa organización que seguramente tendrán a la mano en el desarrollo de las conversaciones.

Las FARC han mostrado su disposición para aportar desde su propia experiencia al desarrollo de las conversaciones respetando la autonomía e independencia del ELN para transitar su propia ruta.


En síntesis, todo está dado para que se puedan iniciar las conversaciones entre Gobierno y ELN, en la fase que le corresponde a una mesa pública. Seguramente se está esperando el momento oportuno para que se dé a conocer al país la iniciación de los diálogos Gobierno Nacional –ELN que será sin duda una muy importante y significativa noticia para todos los colombianos.      

domingo, 16 de agosto de 2015



TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA DEJACIÓN DE ARMAS
La ruta del ELN…

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz

A su propio ritmo y seguramente en un universo de inseguridades e incertidumbre de las partes, marcha la fase exploratoria del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el Ejército de Liberación Nacional –ELN- sobre las posibilidades de llegar a un acuerdo y a una agenda de conversaciones para la terminación del conflicto armado. No es mucho lo que se sabe de la letra menuda de las conversaciones adelantadas en esta fase exploratoria que debe conducir a una mesa pública, en donde de cara al país se construyan los acuerdos políticos que se requieren para avanzar hacia la construcción de una paz estable y duradera, que sin la menor duda no es posible si la insurgencia del ELN, no llega a un acuerdo con el gobierno.  

La muerte de Megateo, comandante del último reducto de la guerrilla del EPL, que opera en la región del Catatumbo y que seguramente generará al interior de esta organización un proceso que puede conducir hacia la descomposición total, al sometimiento a la justicia o a la búsqueda de un acuerdo con el gobierno para la desmovilización de lo que queda de estructura armada y la entrega de las armas en unas condiciones de favorabilidad jurídica, deja al ELN como minoría determinante de la finalización real del conflicto armado en el país.

Avanzar en el diálogo entre partes en la fase exploratoria cuando hay una experiencia en marcha en una mesa pública como son las conversaciones de la Habana entre el gobierno y las FARC,  no es fácil, porque ambas partes buscan superar los inconvenientes que se van presentando en esa mesa y establecer las diferencias que le dan identidad a los procesos. Hay temas que se comparten aunque se tengan visiones distintas y que obligan a acuerdos similares: los problemas agrarios, la participación política, el tema de víctimas, lo relacionado con drogas ilícitas, que aunque no es tan marcado con el ELN, no va a dejar de abordarse, la oferta de seguridades y de certidumbres jurídicas, la garantía del cumplimiento de acuerdos; el tema de la justicia, la verdad, la reparación y el compromiso de no repetición… entre muchos otros temas que conducen a dos que son definitivos: La terminación del conflicto y la dejación de armas.



Pese al hermetismo existente en el compromiso de mutua confidencialidad de parte del Gobierno Nacional y del ELN, se sabe que la agenda que puede guiar estas conversaciones va bastante avanzada y que se han afinado puntos importantes para unas conversaciones públicas que permitan llegar a acuerdos políticos sustanciales. No se ha saltado aun a la mesa pública porque no se han alcanzado los entendimientos suficientes sobre el tema de terminación del conflicto y dejación de armas, que en la práctica no tiene porque ser así, porque para eso está la mesa abierta a la sociedad colombiana, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional. Es allí donde se llega a los acuerdos con respecto al tema y no en la mesa exploratoria que lo que define es que se va a conversar.

La agenda exploratoria establece los criterios de las conversaciones, los temas a conversar y las metodologías a seguir. Es la mesa pública, donde se llega a los acuerdos políticos que ponen fin al conflicto armado y a la dejación de las armas, en el marco de una oferta de oportunidades para el desarrollo de la lucha política democrática y el reconocimiento institucional y constitucional de la insurgencia como un actor legal y legitimo en la lucha política del país.

Lo que precede de manera ineludible un proceso de diálogo para la terminación del conflicto es la voluntad explícita de estar dispuestos a dejar las armas si se llega a un acuerdo político de terminación del conflicto que se refrenda frente a la opinión pública, por una vía mutuamente acordada y se instituyen los mecanismos de implementación de los acuerdos, con la veedurías, acompañamientos y respaldos tanto institucionales, como de la comunidad nacional e internacional.

Desde luego que existen todas las dudas e inseguridades sobre el cumplimiento de los acuerdos, heredados de proceso anteriores, irresponsablemente manejados,  que condujeron al asesinato de dirigentes de la insurgencia institucionalizados ya y en la lucha política democrática o, experiencias de extradición como en el caso de los comandantes paramilitares que quitaron a las víctimas la posibilidad de la verdad, la justicia y la reparación integral. Si el proceso se blinda política, social, jurídicamente, en oferta de seguridad y, se hace acompañar de una veeduría internacional y un observatorio permanente de la evolución del mismo seguramente tendrá menos incidentes desafortunados y mayor responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos.

Hay que acercar el tema de terminación del conflicto y dejación de armas a  consideraciones y condiciones similares a las que se dieron con las FARC, porque le resulta muy difícil al gobierno aceptarle al ELN unas condiciones distintas a las de esa organización, sin generar en esta las incomodidades y reclamos pertinentes, e incluso conflictos internos. Esas son las dificultades que resultan de tener unos acuerdos en marcha y estar buscando la concreción de otra agenda que respetando la especificidad se entienda en el marco de un proceso más amplio.

A partir de éste 18 de Agosto de 2015, se retoman las conversaciones en la fase exploratoria entre Gobierno y ELN; ojalá los esfuerzos que se realizan puedan dar frutos y el país reciba la buena nueva de que se abre la mesa pública con una agenda realista y de amplias posibilidades para generar significativos cambios en el marco de un nuevo orden democrático.          

Bogotá, 16 de agosto de 2015


         

martes, 4 de agosto de 2015

SOBRE EL PERDON
Notas sobre el trabajo de Oscar Tulio Lizcano “El perdón duerme con las palabras”

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente – Investigador
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz –CPSPP-
Universidad Nacional de Colombia

He tenido la oportunidad de leer el trabajo de grado en la Maestría de Filosofía de la Universidad de Antioquia, del Dr. Oscar Tulio Lizcano, titulado, “El perdón duerme con las palabras” y siento la obligación de enunciar  en un primer momento, la sensación de gratificación y deleite que he tenido a lo largo de la lectura del documento, no solo por el tema que aborda, la manera como lo hace y lo que decanta de lo que se podría denominar la  filosofía  del perdón, para el tratamiento del mismo en el ámbito del conflicto colombiano.

Es,  si ustedes me lo permiten,  una pieza exquisita de reflexión que esta medida por una escritura sencilla y contundente, que nos lleva de la mano de quien escribe por los imaginarios de conocidos filósofos y pensadores del perdón (Husserl, Ricoeurt, Derrida, Jankelevitch), reivindicando para las victimas el legitimo derecho a ser portadores del ejercicio absoluto del perdon, desde un enfoque que se construye más allá de lo político y jurídico en el orden de lo moral como un acto liberador y reparador.

Hay en el texto un orden de la reflexión que va creciendo en argumentos en un debate interior del autor en su condición de víctima que está detrás de respuestas a sus propios padecimientos, allí se siente la lucha interior de Oscar Tulio, por encontrar un lugar desde el cual responder las preguntas que motivan su reflexión sobre el acto del perdón en un orden en que se construye la superioridad moral de la victima sobre su victimario. Es un discurso en el que tiene transito sanatorio la ira, el dolor, el sentimiento de venganza, la retaliación… para alcanzar la desnudez del espíritu que es capaz de perdonar y de reivindicar como propio el derecho a hacerlo.

La estructura del trabajo, es terapéutica, una larga y motivada introducción abre la puerta a la reflexión de cinco apartes cada uno de los cuales se fija un propósito constructor y argumentativo en el que la idea del perdón, se hace concepto, practica narrativa, reflexión filosófica, disputa política, acto humano que coloca al centro la fundación argumentativa y la reafirmación de profundas convicciones sobre la práctica del perdón. El discurso se carga de razones propias para el perdón, de solidas bases en el orden de lo moral, de seguridades que se construyen en la insistencias recurrente de afirmaciones que en un primer momento tienen como objetivo persuadir al autor e invitarlo a adscribirlas.
Este no es trabajo convencional de un estudiante de maestría que asume para cumplir un requisito para optar por un titulo. No este trabajo está escrito, para llenarse de razones y salvar la vida, para repararse a si mismo en un universo de reconocimiento del otro, como un  otro que necesita ser reconocido y reparado mas allá del daño que ha producido como un otro posible y no un otro negado. El objeto de este trabajo no es la víctima es el victimario que es en quien se deposita el perdón. Pero el protagonista único e insustituible del acto del perdón si es la víctima y ese es el reclamo que atraviesa esta reflexión desde la filosofía.

Oscar Tulio, ha procesado su propio dolor, de la mejor manera que lo puede hacer una persona que ha sido como él victima de la violencia, lo ha hecho en la profundización de su condición humano, en la sacralización de su vida en el marco de lo cultural y lo ético, de lo moral y de lo filosófico. Se ha deconstruido en la órbita de las reflexiones sobre el perdón en torno a enunciados fundacionales que le permiten proyectarse en una práctica que no solo lo dignifica y engrandece, sino que se constituye en una ruta social para el perdón que ocupa sin compromiso la individualidad de las víctimas y sale al paso a la usurpación del derecho de las mismas a ser titulares del perdón en relación a terceros políticos y jurídicos.

No creo que pueda decir mejor que Oscar Tulio lo que él ha dicho a través de la polifonía de los autores que guían su reflexión, la que dicho sea de paso, no por nutrirse de ellos deja de ser propia. Pero hay unos enunciados categóricos que sirven de síntesis, entendida esta como la parte del todo que por contenerlo es capaz de representarlo cuando está ausente.

Como no reconocerse el afirmaciones como la de que en Colombia el dolor y el perdón exigen una filosofía, cuando el conflicto ha dejado 7.200.000 víctimas que son depositarias directas o indirectas del acto del perdón que constituye su único patrimonio desde el orden de lo moral. De ahí la necesidad de que las victimas estén al centro de la solución del conflicto pero no para que sean instrumentalizadas, ni re-victimizadas, sino para que sean ellas las que protagonicen la solución ética y moral del conflicto.

Oscar Tulio nos coloca frente a afirmaciones que re-significan los discursos institucionales y sociales del dolor y del perdón en su apuesta por una fenomenología del dolor y una ética del perdón. Hace suya la idea que no se puede perdonar desde la cicatriz, sino desde la herida abierta y que para que el perdón sea verdadero, debe perdonar lo imperdonable. Construye desde Derrida esta idea que tan urgentemente se requiere socializar hoy en el país. No permite que el perdón se transe en relación comercial que conduzcan a indulto y amnistías otorgadas por terceros, con soberanía, pero sin legitimidad, porque la legitimidad la tienen las víctimas, así no sean portadores de la soberanía, como lo afirma en su trabajo. La denominación de la soberanía en el universo de lo individual es la autonomía que es la expresión del ejercicio de la libertad en el ámbito de la competencia de lo que le es propio. Por eso el perdón como acto de libertad le corresponde a la víctima y no al poder político o al orden jurídico.

El perdón, es asumido en este trabajo, como un actor de amor y esa connotación le da una superior condición humana, porque el amor es un acto de libertad. Y ese acto de amor  compromete al culpable y a la víctima, no hay allí ninguna mediación. Solo el amor es capaz de perdonar lo imperdonable y, perdonar lo imperdonable tiene en este caso nuestro de violencia con perdonar los crímenes de lesa humanidad. Es de esa dimensión el acto del perdón.

La reflexión se hunde en unas profundidades que conmueven cuando se tocan temas como el arrepentimiento, como la solicitud del perdón, la enunciación y el reconocimiento descarnado del daño sin mediación de inculpación alguna, sin transacciones vergonzosas por reducción del castigo. En el perdón verdadero no hay castigo y eso no implica que no haya justicia, es que está al margen de ella, en un lugar que la supera en universo de la autoridad moral. Es por esto que el perdón debe otorgarse sin solicitud de demanda.

Un formidable cuestionamiento se hace en relación con una memoria construida para el olvido, para la reconciliación, para los propósitos de Estado, de ahí la necesidad de la herida abierta para que el perdón sea autentico, para que sea de potestad de las victimas de su propio saneamiento y de el saneamiento social. El perdón no prescinde de la verdad.  Oscar Tulio, no se vende engaños es contundente en la percepción  de condición de agente de la violencia del Estado.

El perdón no renuncia a la reparación integral, simbólica, ética, política, social, económica ese es un derecho que tienen todas las víctimas, desde el cual retoman con plenitud su vida y continúan en su dignificación. El perdón es una virtud política que permite generar sociedades nuevas.

 Este trabajo del Dr. Oscar Tulio Lizcano, debe convertirse en una soporte para las reflexiones sobre el perdón en todos los ámbitos de la sociedad colombiana, debe ser publicado y difundido con amplitud, debe ser propiciador de escenarios como este desarrollado por el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional. Debe hacer parte obligada de los estudios de postconflicto, de las Cátedras de paz. Este trabajo de Oscar Tulio Lizcano constituye un recurso fundamental en lo que ha dado en llamarse sin mucho contenido la pedagogía de la paz, la cultura de la paz. He disfrutado de la primera a la ultima pagina con placer y con angustia este texto, en particular, las ultimas paginas me llenaron de ansiedad por que allí se puso en aprietos, al reflexionar sobre los planteamientos de  Jankelevitch, en relación con la condicionalidad o incondicionalidad del perdón, si todo debe ser perdonable, incluyendo los crímenes de lesa humanidad, la esencia misma del discurso construido en la afirmación categórica que el perdón solo es autentico si se perdona lo imperdonable.    

                             

lunes, 3 de agosto de 2015

UNIVERSIDAD Y POSCONFLICTO
CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-investigador
Universidad Nacional de Colombia

Comenzar a pensar la relación entre Universidad y postconflicto implica mirarse en una doble perspectiva de futuro: Primero, involucra la necesidad de hacer un balance sobre la realidad interna de la universidad como institución de la cultura, revisar su visión de sociedad, de país y de mundo; evaluar en término de realidad institucional el cumplimiento de su misión, la pertinencia de sus programas académicos  y acciones institucionales, su coherencia, la cohesión de su comunidad académica y científica en relación con su unidad de propósitos, la dimensión de sus problemas, la realidad de sus conflictos e intereses, entre muchas otras preocupaciones que son propias de la dinámica interna de la institución universitaria, para hacer los ajustes y cambios que sean necesario y disponer su voluntad colectiva y su capacidad formativa, de investigativa y de servicio a la sociedad en la construcción de una paz estable y duradera.

Cualquiera que sea el papel que quiera jugar la universidad en el postconflicto debe estar precedido de su propia y urgente transformación democrática en una perspectiva de compromiso con el país y con las urgencias de sus cambios esenciales. La universidad tiene una oportunidad de pensarse a si misma como institución que tiene una misión cultural, social y política que cumplir y para lo cual se debe preparar y transformar. Esto requiere una revisión juiciosa de las ofertas de bienestar, de la ampliación de los espacios de definición democrática de sus propósitos, de la construcción de una autentica comunidad universitaria, de ajustes a sus propuestas curriculares, pedagógicas y didácticas en el contexto de las nuevas ofertas tecnológicas, de la renovación de las preocupaciones de la investigación, la docencia y la extensión universitaria desde una perspectiva cada vez más solidaria; de la solución de sus problemas laborales y financieros y de la construcción de atmosferas de convivencia pensadas en el respeto por la diferencia y el pensamiento crítico y disidente que se construye desde la valoración de lo que se es y el sueño de lo que se puede llegar a ser.  

La segunda posibilidad que tiene es pensarse como institución abierta en relación franca con las necesidades del país y las regiones, con las poblaciones y los territorios y, definir la oferta de servicio que puede colocar a disposición de la sociedad y la institucionalidad del Estado para contribuir de manera decidida con los requerimientos del postconflicto. Esto exhorta a que la universidad como comunidad de saberes entienda el momento e implemente espacios de diálogo creativo, entre la sociedad, la institucionalidad y la academia para construir de manera conjunta las dinámicas que deben llenar los procesos sociales e institucionales a través de acuerdos consensuados.  Implica pensarse dentro del proceso como un actor que tiene la responsabilidad heredada de su misión de ayudar a construir y mantener la paz.

Postconflicto posibles campos de acción 

Cuando hablamos del postconflicto hacemos referencia en lo esencial a la fase que continua a la terminación del conflicto armado. Esto no implica que las otras formas del conflicto no vayan a seguir desarrollándose  y seguramente generando nuevas transformaciones y dinámicas  de cambio.  Aunque la fase se inicia oficialmente con la firma definitiva de los acuerdos de paz, es deseable que los cambios se comiencen a notar en las acciones  mismas con las que se está cerrando el conflicto, en un proceso de ambientación de las transformaciones institucionales y sociales que han de darse.

El postconflicto supone una recomposición de las relaciones sociales en las que se presta especial atención a las víctimas y se les repara integralmente, se crea la comisión de la verdad para que desarrolle las investigaciones pertinentes y se rindan los informes que posibiliten la reconciliación sobre la base del conocimiento social de lo que sucedió y de los responsables;   se ofrecen las garantías y seguridades a los que han dejado las armas para que se desempeñen en el ordenamiento institucional y hagan pleno uso de sus derechos constitucionales y,  se impulsa el proceso de construcción de la paz con la implementación de los acuerdos y lo que ellos significan en materia de reformas políticas, democratización, planes de desarrollo regionales y nacional  e inversión estatal.

La variedad de acciones que hay que emprender en la fase del postconflicto convoca varios campos de trabajo y por lo tanto el compromiso de toda la institucionalidad publica, la sociedad política (partidos), privada (económica), civil (social) y académica (universidades) y,  en general,  de toda sociedad y la institucionalidad colombiana. Miremos algunos de esos campos:
  
Campo de asistencia humanitaria: que se encargaría de atender a las víctimas, velar por su reparación integral, garantizar en lo posible el retorno y construir las garantías  y programas para el pleno ejercicio de los derechos de las víctimas.

Campo de transformaciones políticas  y de administración del Estado: tendrá como tarea central   el impulso de las reformas políticas e institucionales a que diera lugar los acuerdos en el marco de la ampliación y profundización de la democracia, así como de la adecuación y el fortalecimiento de las instituciones estatales que garanticen una mayor participación de las comunidades en el desarrollo y acompañamiento de la gestión pública.

Campos de transformaciones en el ámbito económico: su acción se centra en sacar adelante las reformas y procesos que convocan los acuerdos en materia económica tanto para el desarrollo integral agrario y rural, como para el desarrollo económico en general desde una perspectiva de mayor equidad y generación de bienestar. En este campo es fundamental la decidida participación y compromiso del sector privado y una clara política de relacionamiento con la inversión extranjera que no vaya en detrimento del interés nacional. 

Campo de las transformaciones en el ámbito social: En este aspecto el trabajo a realizarse gira en poder hacer efectivos los derechos fundamentales de los ciudadanos en relación a la construcción de una sociedad de bienestar, convivencia democrática y seguridad humana; así como favorecer, promover y respetar los proceso de organización social en un decidido fortalecimiento de la sociedad civil, del respeto por la movilización social y de garantías plenas a la protesta ciudadana.

Campo de las transformaciones en el ámbito de la justicia. Centra su trabajo en la construcción de una reforma a la justicia que sirva al nuevo orden político y democrático de la nación, que fortalezca el Estado Social de Derecho, garantice el acceso rápido y eficaz a la justicia, impulse y desarrollo eficientemente los sistemas de justicia comunitaria y alternativa   y le dé un nuevo orden administrativo eficiente al poder judicial. Entre otros aspectos pertinentes a este campo.

Campo de las transformaciones en el ámbito del desarrollo territorial y regional. La guerra ha tenido una territorialidad específica  y ha afectado a distintas zonas del país que han padecido con mayor crudeza los estragos de la misma. Esas regiones y territorios estuvieron durante  décadas  al margen de la acción estatal y son más el resultado de los esfuerzos de las comunidades que de bien estructurados y ejecutados planes de inclusión y desarrollo por parte del Estado. De ahí se deriva el sentido de pertenencia de las comunidades y su arraigo y defensa de los recursos existentes en el territorio pues constituyen su principal fuente de vida y bienestar.

La paz tiene entonces que pasar por los territorios, reconocer a sus comunidades y concertar con ellas sus planes de desarrollo productivo y social en el marco de un proceso de inserción real a la vida del país. Las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y campesinas se han ido ganando en el desarrollo de sus luchas derechos que deben ser garantizados y conservados. Es necesario tomarlas en consideración, hacer las consultas previas pertinentes a cualquier proyecto de intervención en sus territorios, pero también  democratizar la vida institucional en los mismos de tal manera que estas comunidades tengan capacidad decisión, de gestión, de ejecución y de control social a lo que se hace en las regiones y territorios del que son originarios.      

Campo de las transformaciones en el ámbito de las políticas de seguridad y defensa: Es inevitable aceptar que la finalización del conflicto armado, la desaparición de la guerra, obliga transformaciones institucionales profundas en la fuerza pública y que el paso de una sociedad con alta conflictividad a una de media y baja conflictividad, demanda de una redefinición de la función de la fuerza pública en una sociedad en conflicto pero en proceso de construcción de paz.

 Redefinir la misión de la fuerza pública y las tareas en materia de su función en relación con la precisión  de los riesgos y las amenazas para el Estado y la sociedad son parte fundamental de este proceso. El pasó de policías militarizadas y ejércitos con funciones de policía propias de las sociedades de alta conflictividad, hacia policía comunitarias y de seguridad ciudadana y fuerzas militares en tareas de soberanía y protección de los riesgos ambientales; el paso de la seguridad ciudadana hacia el discurso y la práctica de la seguridad humana tiene que ser parte de las transformaciones  de este periodo así como los temas del gasto militar.

Desde luego, que el postconflicto debe garantizar la subordinación del poder militar al poder político y que este ultimo debe emprender las acciones para que se produzcan los ajustes que requiera la nueva situación política de la nación. Pero ni la fuerza pública va a desaparecer, ni los presupuestos se van a disminuir. Nuevas tareas que ya no serán de naturaleza contrainsurgente tendrán que ser asumidas por la fuerza pública, lo peor que le podría pasar al país, seria la existencia de unas fuerzas armadas y de policía que siguieran operando frente al conflicto social como si se estuvieran confrontando la insurgencia y el terrorismo. El postconflicto requiere sin duda de un proceso general de reeducación y reentrenamiento de la fuerza pública.
       
Campo del acompañamiento Internacional al proceso de implementación de acuerdos: es inevitable pensar en la necesidad que la comunidad internacional juegue un papel relevante como garante en el cumplimiento de los acuerdos y que sirva a la verificación de los mismos en particular a lo que tiene que ver con la etapa que sigue al proceso de terminación del conflicto y dejación de armas.

Sin embargo no es lo único en lo que la comunidad internacional puede ayudar a los procesos de normalización y reconstrucción del tejido social y el desarrollo regional. Pueden prestar una importante ayuda al acompañamiento de las  víctimas  y a la consecución de recursos para el apoyo a la construcción de la paz en el país en el apoyo a programas en especifico, así como en la salvaguarda de la seguridad de quienes  deciden el camino de la participación política para que no se produzcan actos de retaliación criminal.

Colombia tiene hoy una oportunidad única y feliz para salir de la guerra y conducir a las nuevas generaciones a un futuro soñado y construido por todos, en el que no se desconocen las contradicciones e interés contrapuestos, pero en el que se decide transitar los caminos de la democracia amplia y profunda a través de la participación política  en los escenarios institucionales para generar los cambios que se requieren para vivir en una sociedad de conflictos que trabaja a diario por una paz estable y duradera. 
Los campos de acción y las áreas de trabajo  de las universidades en el postconflicto
Estos campos de acción, por llamarlos de alguna manera,  deben convocar la atención de la academia más allá de las urgencias institucionales y de los intereses políticos, en pensar que significa la paz en el modelo económico vigente y cuales son realmente sus posibilidades para llenar al país de expectativas reales y no generar frustraciones futuras. Esto significa pensar cuál es la paz histórica que se puede construir en el marco de los límites del modelo de desarrollo existente, esto es, en el universo del capitalismo, en su fase neoliberal y el mundo globalizado. Es desde esta realidad en tensión con las practicas de resistencia y violencia política que hay que llenar de atributos el concepto de paz con la mayor objetividad posible; preguntarse desde la academia y las regiones en la realidad de la mismas, qué es la paz territorial, integral, con justicia social u equidad, para no llenarla de atributos irrealizables que llenando de expectativas generen nuevas frustraciones a la nación.

Son muchos y diversos los frentes de trabajo que comprometen la academia en el periodo de transición y postconflicto para los cuales hay que estar preparados. El valor agregado de cada universidad,  está en su capacidad para expresar su voluntad institucional y política de comprometerse con los cambios que se requieren, ajustarse a las necesidades y urgencias de los procesos, sobre la riqueza de sus tradiciones y aprendizajes, y su capacidad para operar en relación con las instituciones del Estado y la distintas formas de organización de las comunidades y la sociedad en general. Pero debe ser claro que no le corresponde a las universidades implementar acuerdos, ni reducir sus agendas académicas a los mismos; lo que le corresponde es disponer la voluntad institucional hecha oferta de servicio y compromiso para construir procesos que convocan distintos campos de acción de los cuales me permito enunciar algunos sin que ellos cierren el universo de posibilidades:

1.      Un papel importante juegan las universidades en la construcción de una cultura de la paz que permita la irrupción de nuevas ciudadanías y liderazgos sociales que ayuden a aumentar procesos de inclusión en el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y los derechos humanos. Todas las áreas de educación,  ciencias sociales y políticas están convocadas a trabajar en esta tarea fundamental.

2.      En el desarrollo rural integral las ciencias agropecuarias, las ingenierías ambientales, las ingenierías agricolas y civiles, las ciencias humanas, la sociología y la antropología, las ciencias administrativas, económicas y jurídicas, entre otras disciplinas son fundamentales para implementar la transformación del campo y de la vida rural. En general es necesario que cada programa se piense en relación con las necesidades y se adecue para responder de manera pertinente a las mismas. Un novedoso y bien pensado programa de Ingeniería Rural seria de gran utilidad.

3.       El desarrollo organizacional, económico y empresarial desde distintas perspectivas y enfoques que comprometan el orden de las economías campesinas y populares, la generación de nuevos proyectos económicos, renueve y fortalezcan las empresas de economía solidaria, articulándolas a planes de desarrollo comunitario y social y, a posibles alianzas estratégicas con sectores de agroindustriales y empresas de mercadeo, convocan programas pilotos de investigación en una alianza entre las universidades y las comunidades en los territorios que esta precedidos de programas de capacitación y formación técnica y profesional.

4.      El sector minero energético convoca grandes esfuerzos de la academia para el diseño de nuevas, vigorosas y conservacionistas practicas de explotación en las que las áreas de ingeniería y la administración de empresas juegan un papel sobresaliente así como la ingeniería ambiental. Hacer el uso debido de los recursos naturales desde una perspectiva sustentable de economías limpias llama a la academia al desarrollo de programas de ciencia, tecnología e innovación en contextos regionales, productivos y ambientales específicos. En estos procesos poder contar con una Ingeniería del Aguas seria de gran utilidad.

5.      El tema de Estado, Sistema Político y Gobernabilidad convoca toda la batería de Ciencia Políticas y Sociales, así como de las Ciencias Jurídicas, en una perspectiva de aportes a los procesos de ampliación y profundización de la democracia, mejores sistemas de gobierno y gobernabilidad y a una relación de gobernanza en la que interactúen de manera complementaria y armónica lo público, lo privado y lo social. En este tema es necesario fortalecer la participación social y política en una nueva concepción de empoderamientos ciudadanos que transformen desde el ejercicio de la gestión pública los problemas del clientelismo, la corrupción.

Se trata de aportar desde la academia en la construcción de una nueva escuela de pensamiento sobre lo político y lo institucional,  en una sociedad que deja atrás la violencia para encontrase con la civilidad democrática. Una deuda grande tienen las universidades con las reformas a la justicia y al sistema político en general pues han perdido la posibilidad de ser escuchadas y tenidas en cuenta por la institucionalidad jurídica y política de la nación. Es necesario que la academia recupere el lugar que debe tener la ciencia y la cultura en el escenario institucional de la política como voz de la conciencia colectiva.

6.      El tema de salud y vida es de mayor integralidad y convoca las especificidad del área de las Ciencias de la Salud, pero igualmente,  de todas aquellas que se requieren para garantizarla;  temas como seguridad alimentaria, vivienda, medio ambiente sano, educación… entre un centenar de posibilidades hace de esta área un universo de relaciones inter y multidisciplinarias que deben apuntar a garantizar las mejores condiciones de salud para la ciudadanía.             

7.      Sobre medio ambiente y biodiversidad. El trabajo que pueden realizar las universidades a este respecto es amplio, desde el diseño de estrategias de utilización sustentable del medio ambiente a procesos de recuperación y conservación de la biodiversidad, estudios de impacto ambiental y manejo adecuado de recursos naturales. El país debe construirse en medio de una cultura de sustentabilidad ambiental que atraviesa todos los espacios de la vida social y productiva de la nación y que compromete la sociedad y la institucionalidad en la armonización de la vida natural con la social. El manejo de los residuos sólidos, los procesos de reciclaje, la produccion de abonos orgánicos, los programas de basura cero, la optimización de los ciclos del agua, las mediadas contra el calentamiento global entre otras líneas de trabajo deben ser objeto de las distintas áreas de conocimiento en los campos de la investigación, la formación ciudadana y la extensión solidaria.
 
8.      Etnología Arte y Cultura. La condición multiétnica y pluricultural de la nacion obliga al estudio de las relaciones con las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales room, a la conservación de sus culturas y al entendimiento de sus relaciones y formas de organización sociales y políticas así como a la garantía social, institucional y constitucional de sus derechos en el marco de una sociedad diversa e incluyente.  

Un papel fundamental juega en los periodos de transición la recuperación de la cultura, las tradiciones y el folclor de las comunidades en las distintas regiones del país por parte de sus poblaciones y sus instituciones labor que compromete la investigación y el trabajo de las universidades. Es necesario abrirse a modelos de formación profesional para estos grupos desde las posibilidades y requerimientos de sus culturas.

Nada llena de más identidad y orgullo a los pueblos que sus expresiones culturales y artísticas; la música, la pintura, la literatura, la poesía y el arte en general cumplen un papel sobresaliente en los procesos de reconciliación y armonización de la vida social.
 
9.      Mujer, género, desarrollo integral y productivo. Un largo proceso de empoderamientos de las mujeres en todos los campos de la vida nacional debe abrirse durante el postconflicto, porque han sido ellas como se ha evidenciado en el tema de victimas quienes han padecido con mayor rigor los efectos del conflicto y de la violencia;  para ello se debe estar preparado cultural e institucionalmente. Los estudios de género y los programas de visibilizacion, reconocimiento e inclusión de las mujeres en los procesos políticos, culturales y productivos hacen parte de las tareas esenciales del postconflicto en el que las universidades tienen un papel esencial que jugar. Las ciencias humanas y sociales deben abrirse a un espacio de trabajo con las mujeres y las poblaciones LGTBI, para generar una sociedad con mayor inclusión y mas diversa.   

10.  Hábitat, Ciudad y territorio. El abordaje de este tema implica una aproximación multidimensional propia de la ecología urbana contemporánea. A través de él se busca identificar y construir el espectro de eco-regiones colombianas que promueva los mayores retos para la investigación y la gestión integral del hábitat, la ciudad y el territorio. Se pretende promover el estudio de estos procesos atendiendo el contexto contemporáneo que impacta tanto las formas de ocupación del territorio, las relaciones y escalas territoriales, las expectativas sociales sobre la sostenibilidad, conservación y calidad del hábitat, así como la producción del conocimiento en las ciencias del territorio y del hábitat y las disciplinas del urbanismo y el ordenamiento territorial. 

Como lo señala  el instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia, estos temas convocan la investigación desde la perspectiva de la producción de conocimientos y enfoques críticos, útiles y creativos para la realidad nacional y la comprensión de las problemáticas concernidas con la construcción y transformación social del hábitat, y el ordenamiento y la sostenibilidad responsable del territorio y la ciudad y la ruralidad en Colombia. 

11.  Tecnología de la información y la comunicación. Un universo de posibilidades para la ampliación de la democracia, la educación y el desarrollo social y productivo se abre a través de las tecnologías de la información y la comunicación colocadas desde la academia en perspectivas de paz y convivencia. A este respecto las ingenierías de sistemas y los programas de comunicación y educación juegan un papel importante en los procesos de alfabetización tecnológica para el uso adecuado y pertinente de la información y el desarrollo de sistemas sociales y alternativos de comunicación.     

12.  Educación desarrollo y equidad. Siempre se ha afirmado que la educación es la base fundamental del desarrollo y la convivencia democrática y pacífica de la sociedad, pero lo que el modelo educativo nos está arrojando es conflictividad, exclusión y falta de posibilidades de futuro. Es necesario hacer una revisión académica juiciosa de los programas educativos a todos los niveles descongestionarlos y des-ilustrarlos, para volverlos de mayor excelencia y pertinencia, más acordes a los retos del mundo moderno y mas pensados desde la diversidad de aptitudes y actitudes de los niños y niñas, jóvenes y en general de la población en consonancia con las motivaciones e intereses  personales y las necesidades y urgencias nacionales. Hay que diseñar modelos educativos que formen seres humanos integrales, favorezcan el desarrollo nacional, contribuyan a crear equidad y propugnen por sociedades de buen vivir y de bien estar, esa es una tarea en la que las universidades en su conjunto deben responsabilizarse y comprometerse.     

13.  Integración regional y relaciones internacionales. Los procesos de integración regional y el relacionamiento con el mundo obliga a que las universidades se piensen en una perspectiva más amplia que el solo espacio institucional o nacional, como agentes fundamentales de las políticas de relacionamiento cultural, social, económico y político del país con el mundo.

El tema de la globalización y de su impacto social, como marco referencial amplio de las nuevas modalidades de la integración regional y global convoca a que se analicen los procesos de globalización y regionalización de los mercados y sus repercusiones sociales en América Latina y en el país y, se miren  las repercusiones sociales de la integración de los mercados sobre el ámbito de las oportunidades y las relaciones laborales. Asi como la necesidad de replantear el tema de la integración en sus múltiples dimensiones que, además de la económica y la política, incluye la social, la cultural y la de la seguridad regional.

Igualmente es necesario que las universidades en sus programas específicos revisen el impacto de la globalización cultural sobre las modalidades de la integración regional. E igualmente  se examinan las relaciones entre los conceptos y fenómenos de la integración económica, la globalización extraeconómica y el autodesarrollo indígena, entre otros temas que convocan este eje trabajo.

En síntesis un universo de posibilidades se abre para las universidades en el periodo de transición y postconflicto que convoca a la generación de ajustes y a la comprensión adecuada de las condiciones reales de los procesos institucionales, poblacionales y territoriales. El primer paso que se debe dar es la renovación de la voluntad institucional y el rompimiento con las paquidermias académicas y administrativas que no permiten que las instituciones marchen al paso de las necesidades históricas y que las mantienen relativamente relegadas de los procesos sociales y políticos de la nación. Hay que volcarse al país a través de programas de investigación, formación y extensión que sean pertinentes para los retos que tiene nacion en el periodo de transición y  postconflicto armado en el camino de ayudar a construir una sociedad más democrática, justa y de mayor bienestar y buen vivir.