jueves, 30 de marzo de 2017




Reformas al Sistema Electoral Colombiano y ampliación de la democracia política

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)


El Ministerio del Interior,  conjuntamente,  con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria y el Centro Carter, en el marco de los Diálogos Políticos para la Apertura DemocráticaEN LA RUTA DE LA PAZ, el pasado 24 y 25 de Marzo, en la ciudad de Cartagena,  invitaron a las instituciones que tienen que ver con el sistema electoral (Partidos, Movimientos Sociales, Consejo Nacional Electoral, Registraduría del Estado Civil, Consejo de Estado, Procuraduría y Contraloría General de la Nación, presidentes de Senado y Cámara, Academia, entre otros invitados nacionales y extranjeros) a un taller de trabajo en el que la Misión Electoral Especial (MEE), da a conocer y coloca ante la opinión pública, un avance de los resultados del trabajo encomendado por el Acuerdo del Colón en el punto de participación política, dirigido a ajustar y reformar el Sistema Electoral Colombiano en el camino de hacerlo más eficiente y transparente.

El taller resulto altamente “positivo”, en la medida en que pudieron expresarse con especial responsabilidad todos los sectores incluyendo al Centro Democrático, que una vez más, puso de presente su autismo para escuchar a otros sectores y ver reflejadas sus propuestas en las formulaciones de la MEE. El diálogo pluralista y amplio resulto ser un buen indicador de las posibilidades y alcances reales que puede tener una propuesta de reforma al sistema electoral en un momento como el actual de implementación de acuerdos de paz y a portas de un proceso electoral.

Al menos se pudieron detectar tres tendencias en materia de intención de apoyo de cambios al sistema electoral.

Una primera tendencia,  con gran fuerza,  que piensa que los ajustes hay que hacerlos en tres sentidos y en perspectiva de que los mismos puedan ponerse en marcha en las elecciones que se avecinan: 

 Primero, persistir en el fortalecimiento de la institución partidaria creando las condiciones del orden constitucional para facilitar los procesos,  lo que demanda regular la democracia interna de los partidos,  de tal manera,  que todas las expresiones que se den a su interior cuenten con las mismas oportunidades y garantías para la definición de sus liderazgos y de la conducción misma de la institución partidaria. 

Segundo,  el establecimiento de las listas cerradas como criterio esencial para mantener la unidad del partido y los propósitos colectivos, por encima de los intereses electorales y clientelistas  particulares de sus miembros y sus dirigentes y, 

Tercero, la financiación pública de las campañas y de la vida de los partidos, conforme a unos criterios de equidad que permita el funcionamiento adecuado de cada partido desde sus propias necesidades y expectativas de crecimiento.

Una segunda tendencia, que centra su atención en el tema de las coaliciones, lo que en alguna medida implica trabajar sobre el criterio de listas abiertas y voto preferente, que centra su preocupación en la necesidad de disminuir los umbrales, darles mayor participación a los representantes de los territorios y a los sectores étnicos y sociales y, que está de manera clara en sintonía con la financiación pública de los partidos. Esta tendencia en lo esencial está representada por las pequeñas y medianas organizaciones partidarias que sienten que el sistema está hecho para que prevalezcan los grandes partidos contra las minorías políticas.

Una tercera tendencia, que está dividida en dos enfoques frente a un mismo problema, la arquitectura institucional del sistema electoral. El primer enfoque, considera que no es necesario hacer cambios estructurales a las instituciones electorales, que lo que se trata es de hacer reformas que las haga más eficientes y que defina con claridad los roles de cada una de las instituciones detallando con suficiencia los relacionamientos institucionales. Cada una de las instituciones que están involucradas en los procesos electorales defiende su gestión y reclama, pequeños e insignificantes ajustes, sin embargo, algunos consideran que de lo que menos se trata,  en este momento,  es de maquillar unas instituciones  desgastadas por todos los vicios de una democracia enferma de exclusión, clientelismo y corrupción.

El segundo enfoque, considera que la reforma al sistema político pasa por cambios estructurales al régimen de partidos, a los sistemas de participación ciudadana, al sistema electoral y la expedición de un estatuto de oposición que ofrezca garantías y mejore la democracia colombiana haciéndola  más amplia,  profunda e  incluyente. Que la reforma debe tomar en consideración una nueva estructura institucional que transforme el funcionamiento integral del sistema, cree rigurosos y eficientes mecanismos de control y,  juiciosos e independientes tribunales electorales. Considera que los funcionarios de las instituciones del sistema electoral deben trabajar con independencia de los partidos y con autonomía para definir sus propios procesos en el camino de generar un modelo de democracias incluyente, eficiente y transparente. Algunos, son partidarios de la creación del poder electoral, como un cuarto poder, que surge de la necesidad de dotar a la institucionalidad de todas las seguridades y posibilidades para actuar con eficiencia en favorecimiento de los derechos políticos de la ciudadanía. 

En el taller también tuvo lugar en la discusión temas como el voto obligatorio, lo que lo convertiría de un derecho en una obligación ciudadana, sin que exista la certeza que esa propuesta realmente fortalezca la democracia o al contrario, la mercantilice. La propuesta se formula para que el voto obligatorio sea implementado en los dos períodos electorales siguientes, pero como es costumbre en nuestro país lo que se crea para un período de tiempo determinado a la postre se establece de manera permanente. Igualmente, se habló de la participación de la mujer, la ley de cuotas, reclamando mayor igualdad y equidad en la vida partidaria y en las listas electorales. Los jóvenes tuvieron en el taller un interesante desempeño reclamando mayor participación en las instituciones de elección popular y la disminución de la edad para poder hacer parte de algunas de esas instituciones. 

Fue ninguna la discusión en términos de propuestas para la construcción de la democracia municipal y departamental, las Asambleas y los Concejos no fueron tocados en esta discusión, lo que resulta a todas luces lamentable, porque si ha de comenzar a cambiar el funcionamiento de la democracia debe hacerse desde la unidad básica de la construcción institucional y administrativa del Estado, que resulta ser el municipio.   

Me dio la impresión que se piensa que se amplia y profundiza la democracia si aumentan las curules y eso es muy relativo y costoso. Se amplia y profundiza la democracia si el sistema de representación es más incluyente, si se toman en consideración sectores tradicionalmente excluidos y si se posibilita la participación ciudadana en el desarrollo de la administración y gestión pública. Si se forman comunidades participativas con capacidad de decisión y  gestión de los asuntos públicos.

Muchos otros problemas se trataron en el taller de Cartagena con la MEE: el acceso,  la utilización y financiación de los medios de comunicación, el voto electrónico, la representación territorial, la corrupción y los delitos electorales, los riesgos de la financiación “privada” de convertir el sistema político en una “democracia de contratistas”, las dificultades reales para establecer controles a los ingresos de dineros privados e ilegales a las campañas, la responsabilidad los partidos frente a los avales de sus candidatos…

La MEE es una oportunidad para poder avanzar en las reformas necesarias y pertinentes con los consensos necesarios y las urgencias históricas que tiene el sistema electoral de transformarse. Las reformas al sistema electoral, quedo claro en el taller,  deben surgir de la necesidad existente, el consenso político y el Acuerdo de Paz.   Muy difícil modificar cualquier regla de juego a pocos meses de un proceso electoral. Sin embargo, es necesario hacer propuestas sobre cambios posibles que cuentan con consenso, estableciendo el punto medio de las reformas que hay que hacer en el tiempo que se tiene y dejar una hoja de ruta que vaya madurando en el inmediato futuro las lógicas de los cambios urgentes, necesarios y estructurales.

Un reto mayor tiene la Misión Electoral Especial, para fijar esa hoja de ruta; sin embargo, puede hacerlo con toda libertad y autonomía, porque no es la Misión, la que tramita las reformas, establece los consensos y asume las responsabilidades, sino, el Congreso de la República. Las propuestas deben formularse de tal manera que cada uno de los miembros sienta la tranquilidad de haberle cumplido al país con lo que era históricamente necesario.  


viernes, 3 de marzo de 2017



  • 8 DE MARZO: HISTORIA Y ORIGEN  DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER


La historia del Día Internacional de la Mujer está unido a la lucha que las mujeres trabajadoras han desarrollado a través del tiempo, por alcanzar mejores condiciones de vida y trabajo,  salarios más justos, jornadas laborales menos inhumanas y las mayores dignidades para su condición de mujer.

Si bien se pueden rastrear los movimientos de trabajadoras que dieron origen a la conmemoración desde 1857, son la marchas de trabajadoras del mes de marzo de 1907 que movilizo 15.000 trabajadoras textiles en Nueva York al grito de “¡Pan y rosas!“, condensando en esta consigna sus demandas por aumento del salario y por mejores condiciones de vida y, la huelga y la toma de la fábrica textil Cotton de Nueva York,  el 8 de Marzo de 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras en un incendio provocado por los dueños de la fábrica,  en complicidad con las fuerzas de policía,   ante la negativa de las trabajadoras de abandonar la toma de la fábrica en la que protestaban por los bajos salarios y las inhumanas condiciones de trabajo que padecían, las que dieron origen a la conmemoración.  

En 1910, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,  la alemana Clara Zetkin propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a aquellas que llevaron adelante las primeras acciones de mujeres trabajadoras organizadas contra la explotación capitalista y por la dignificación del trabajo de las mujeres. Durante casi un siglo las mujeres subsumieron sus intereses y derechos a las luchas sociales y políticas de los trabajadores en general y no fueron pocos las manifestaciones de sacrificio y compromiso por dignificar el mundo de los derechos del trabajo y de los trabajadores en general.  

Sin embrago,  a medida que el movimiento feminista ha ido cobrando fuerza en todo el mundo, el Día de la Mujer ha ido perdiendo su carácter obrero, pasando a ser una jornada de lucha en la que se reclaman los derechos de todas las mujeres en todos los ámbitos. El 8 de marzo, miles de mujeres se movilizan en todo el mundo para demandar nuevos derechos, defender los ya conquistados y luchar contra aquellas leyes que las discriminen o que desconocen el principio de igualdad de sexos y de oportunidades.

Pese a los avances que se han alcanzado en materia de reconocimiento de derechos  las mujeres siguen demandando derechos básicos y fundamentales como acceder a la educación, la salud, la cultura, el trabajo o la política y enfrentando las formas de exclusión, discriminación, explotación y el acoso en todas sus dimensiones, de la sociedad machista y patriarcal.

La humanidad en general tiene una deuda histórica impagable con el sacrificio realizado por las mujeres para la consolidación y el desarrollo de la vida humana y la cultura;  son millones las historias de las mujeres que a lo largo y ancho del planeta se han convocado en la lucha por alcanzar los derechos de la mujer en un mundo más justo e igualitario. Deuda histórica que se acrecienta con las nuevas formas de explotación del trabajo y la utilización y subordinación de las mujeres en un universo cada vez más desigual y excluyente con ellas.

El Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, quiere en esta ocasión hacer un especial reconocimiento a las mujeres de nuestra comunidad universitaria y,  a través de ellas,  a todas las mujeres de nuestro país, en particular,  a las que han sido víctimas de la violencia, la exclusión, la discriminación y el acoso en todas sus formas.

Trabajamos para que los derechos de las mujeres se garanticen y podamos construir las mayores y mejores relaciones de igualdad y respeto.  Persistimos en la superación de todas las formas de violencia y acoso y,  en la construcción de una cultura  del mayor respeto y reconocimiento de la condición de mujer.

Para todas ellas nuestro abrazo afectuoso y solidario con sus luchas.

Departamento de Ciencia Política
8 Marzo de 2017  

miércoles, 1 de marzo de 2017








LAS ARMAS SON LO DE MENOS…
Los retos de la implementación de los acuerdos de paz

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz (CPSPP)


Los acuerdos alcanzados entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP,  en medio de no pocas dificultades y no obstante,  haber sido el resultado de una actitud responsable con el país  y objetiva en términos de los alcances posibles del proceso, no han dejado de contar con una frenética oposición,  que ya proyecta acciones de reversión de los mismos, si como fuerzas políticas opositoras logran acceder al poder en las elecciones del 2018. En las actuales circunstancias, dado el periodo político que se avecina, las incertidumbres que se ciernen no son pocas y los retos que tiene la implementación marchan contra el tiempo.

Las  urgencias de la implementación   

No resulta fácil para ningún proceso de paz, avanzar en el camino de la implementación de los acuerdos firmados. El paso de lo escrito a la realidad de las acciones en el ámbito de lo institucional-normativo, a través de la formulación de las leyes que recogen con la mayor fidelidad posible el espíritu del acuerdo, constituye en sí mismo un reto mayor, pese a la existencia del mecanismo del Fast Track y de la voluntad política que han mostrado algunos sectores para comprometerse a cerrar el proceso cumpliendo con las responsabilidades asumidas. Tal vez el mayor problema de la implementación, en el campo de las ejecuciones del gobierno, lo constituye la maraña de procedimientos jurídicos e institucionales que resultan del ordenamiento estatal y la normatividad existente que impide que los procedimientos y las ejecuciones funcionen al ritmo que los requiere cada momento; pero igualmente,  la sesgada priorización que el gobierno hace de sus particulares urgencias, las que se centran en la dejación de armas por parte de las FARC y la sustitución,  de al menos 50.000 hectáreas, de cultivos de uso ilícitos.

La ruta de implementación debe ir evacuando poco a poco una agenda legislativa que favorezca la materialización de acuerdos en aspectos que son esenciales para que el proceso se haga irreversible y de realizaciones prácticas que llenen de seguridades a quienes se van a reincorporar y,  en general,  a la sociedad:

·         Amnistía e Indulto

Primero,  fue necesario sacar la Ley de Amnistía e Indulto, Ley No.1280 del 30 de Diciembre de 2016,  que posibilitó que las fuerzas insurgentes comenzaran a marchar hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), con la mayor seguridad jurídica posible. Sin embargo,  aún el número de amnistiados e indultados que se encuentran en las cárceles y que representan una población aproximada a los tres mil prisioneros, no ven que el sector judicial y la fiscalía se apersonen de la situación y comiencen a producirse las liberaciones pertinentes, para que estos prisioneros y prisioneras se desplacen a sus zonas, se vinculen a los procesos de reincorporación y respondan,  cuando tengan que hacerlo,  ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).  La Ley de Amnistía no solo favorece a los guerrilleros de las FARC, sino, que adicionalmente permite adoptar un tratamiento especial para terceros involucrados y miembros de la fuerza pública y otros agentes estatales que hayan sido sindicados, procesados y condenados por  cometer delitos durante el desarrollo del conflicto armado. 

·         Jurisdicción especial para la Paz y Victimas

Segundo. También ha tenido curso la aprobación de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) que es el escenario donde tendrán tramite los procesos que no son amnistiables, ni indultables, por constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra y, se ha designado la Comité de Escogencia  que se encargaran de elegir a los 113 magistrados que harán parte de dicha jurisdicción. Esta Comisión está constituido por el magistrado José Francisco Acuña,  de la  Corte Suprema de Justicia, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional; el jurista peruano Diego García-Sayán por parte de la ONU; el argentino Juan E. Méndez que procede del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), del cual es presidente emérito; Álvaro Gil-Robles, abogado español designado por el Consejo Europeo de Derechos Humanos y,  Claudia Vacca González designada por el  Sistema de Universidades Públicas profesora de la Universidad Nacional.

Tercero. El tema de justicia está unido a los derechos de las víctimas y al compromiso de reparación integral y no repetición que también depende del éxito de la implementación. Sobre esta población más allá de lo que se venía haciendo es poco lo que se ha avanzado.    

·         Estatuto de Oposición, reformas política y electoral

Cuarto. El proyecto del Estatuto de Oposición ya está listo y,  seguramente,  pasará por el congreso para su aprobación.  Este es recurso político que estaba en mora de ser presentado y es una vieja deuda que se tiene con la Constitución de 1991 y en general con la democracia y las fuerzas políticas del país.

Quinto. Un muy importante esfuerzo vienen realizando las comisión que tienen la responsabilidad de presentar ante el congreso de la republica la Reforma Política,  la reforma al sistema de partidos y al sistema electoral, para presentar al mecanismo de Fast Track, los respectivos proyectos de Ley, es de esperarse que estos tengan tramite en los próximos tres meses a tardar.  

·         Lo agrario está lejos…

Sexto. Lejos aún está de la agenda legislativa los temas agrarios, cuyo tratamiento es muy sensible para ciertos sectores de la sociedad que vienen haciendo la mayor oposición a ese tema, que es en esencia de naturaleza estructural en la superación del conflicto y que se une de manera complementaria con el tema de cultivos de uso ilícito en los que se avanza entre el diálogo con las comunidades y acuerdos de erradicación concertada y, de confrontación directa e imposición de políticas de erradicación forzada, que desconocen el espíritu del acuerdo en lo que se corresponde con el punto 4.

·         La mayor urgencia:  las ZVTN

No obstante el mayor problema sigue siendo en materia de implementación la crítica situación que viven las comunidades de las FARC-EP, en las ZVTN cuya adecuación ha sido lenta e insuficiente para garantizar condiciones dignas de quienes allí se concentran en el proceso de Dejación de Armas y, sobre todo, para dar impulso a los programas de reincorporación de cuyo éxito depende realmente la finalización de la guerra.

El gobierno tiene premura porque las FARC-EP entreguen a las Naciones Unidas  las armas en el calendario que se ha propuesto para hacerlo, y que se desarrollen las tareas de erradicación forzada, las FARC-EP, están pensando en sentido más prospectivo y de mayor alcance, para ellos, las armas no son lo importante, sino que se creen las condiciones para un proceso de reincorporación que sea irreversible. Porque si no es así, se vivirá permanentemente en una potencial situación de guerra y, como lo han señalado con frecuencia miembros de la insurgencia y,  no pocos especialistas,  para empezar una guerra las armas son lo de menos…         



miércoles, 22 de febrero de 2017



UNA RUTA INNOVADORA Y EFICAZ PARA LA REINCORPORACIÓN
De Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) a Poblados de Paz (PDP)

 CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz - CPSPP-UN

No ha sido fácil el proceso de concentración de las unidades guerrilleras de las FARC-EP en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), que preceden y garantizan, primero, la etapa de dejación de armas y, segundo, el desarrollo de los programas de reincorporación.

El desmedro y la lentitud institucional, la falta de coordinación, las limitaciones operativas del gobierno, la paquidermia burocrática de la contratación  y el afán en que los guerrilleros se desarmen, y no en que se generen las condiciones de una reincorporación exitosa que sea ejemplo para otros procesos, han generado no pocos problemas e incertidumbre en la población guerrillera y en general en las comunidades donde se localizan las ZVTN. Grandes esfuerzos han hechos las comunidades para acompañar la instalación de la población guerrillera en las mejores condiciones posibles, y tampoco han sido pocos los sacrificios hecho por la guerrilla para cumplir con lo acordado. No se necesita esfuerzo alguno para argumentar la improvisación del gobierno pues los medios de comunicación lo han hecho evidente y la Organización de Naciones Unidas, no ha dejado de llamar la atención al gobierno sobre el universo de desaciertos con los que se ha procedido.

Pese a todo eso, el proceso marchará adelante y se consolidará exitosamente. Para todos es claro que la implementación tienes mayores retos y dificultades que las mismas conversaciones y firma de acuerdos, pues consiste en convertir en hechos lo que por ahora son palabras y promesas.

Pensar el futuro de la reincorporación no se circunscribe al ejercicio mecánico de concentrar unas unidades guerrilleras, proceder a que dejen las armas, someterlos a los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tengan curso los procesos y las sanciones y,  que luego, con algunos apoyos,  cada uno haga lo que pueda para construir su futuro. Creo que eso solo está en la mentalidad del gobierno, pero muy lejos de los imaginarios de la guerrilla y de la responsabilidad de sus comandantes con la población guerrillera y las comunidades en que hicieron presencia y tienen algún reconocimiento e influencia social y política.



Una política de reincorporación colectiva como la que se esboza en este proceso y que tiene iniciativas como las de Ecomún, pasa necesariamente por una transformación de las ZVTN en poblados de paz, situación que más temprano que tarde el gobierno nacional va a tener que aceptar porque la fuerza de los procesos conducirá irremediablemente hacia esa posibilidad, obligando a la elaboración de obras de mayor calidad y a inversiones con proyecciones estratégicas de mayor perdurabilidad.  Es necesario comenzar a superar la idea de  Zonas Transitorias, para pensarlas como parte constitutiva de un proyecto de largo alcance en las que se da origen a nuevos poblados articulados, social, política, económica y culturalmente con el territorio y en el marco de una política exitosa de reincorporación, que se acompaña debidamente de la institucionalidad del Estado, la presencia de nacientes movimientos sociales y nuevas ciudadanías. Esos Poblados de Paz, pensados en sentido prospectivo ofrecen una magnífica oportunidad para que la reincorporación que no es un momento, sino, un proceso,  pueda darse generando las garantías y seguridades para que los integrantes de la insurgencia reconstruyan sus vidas personales, familiares y comunitarias y emprendan el camino en el que van desarrollándose los proyectos sociales, educativos y productivos que deben hacer parte de los programas de reincorporación y cierren adecuadamente frente a la justicia sus procesos dando un lugar a la verdad y a la auténtica reconciliación.

Para ello es necesario espantar el fantasma de la “repúblicas independientes”, permitir que funcione la estructura legal del Estado, en correspondencia con los reclamos y comportamiento legítimos de la población, en el marco de una democracia auténtica que se amplia y se profundiza. Hay que derrotar la bipolaridad histórica de nuestra tragedia y abrirnos a un mundo de reconocimiento y respeto por la diferencia y la diversidad.

Estos nuevos Poblados de Paz, deben funcionar como laboratorios en los que se pone a consideración de la imaginación de la academia y la comunidad la construcción del espacio urbano-rural en ambientes de amplitud y confort, sustentabilidad ambiental, pertinencia y eficiencia productiva. Espacios en los que se construyen en el marco de una propuesta, un nuevo urbanismo rural, viviendas amplias, luminosas, frescas, aireadas para dar un hábitat digno a las personas, a los nuevos ciudadanos, a sus familias, a sus hijos. Viviendas que cuentan con servicios suficientes de agua, luz y alcantarillado, con conectividad y con toda la oferta de calidad de vida que se merece el campo. Con zonas verdes arboricidas, parques centrales, centros comunitarios y administrativos, escuelas multifuncionales que permitan el desarrollo de programas educativos de alfabetización, educación básica y media, educación técnica, profesional y postgraduada. Programas itinerantes y permanentes de salud básica, un buen puesto de salud, restaurantes comunitarios para niños, madres lactantes y ancianos. Poblados de Paz, que gocen de vías de acceso y programas de desarrollo articulados a las vocaciones productivas ecosistémicas en las lógicas de abastecimiento local y economía de mercado, que permitan el florecimiento de economías solidarias multiactivas vigorosas y de iniciativas individuales que sean pertinentes.



Estas zonas deben ser protegidas y ofrecer a sus habitantes toda la seguridad que el Estado sea capaz de dar a sus ciudadanos.  Tengo el absoluto convencimiento que la mayoría de las ZVTN, no van a ser temporales y que ellas darán origen en el tiempo a muy interesantes procesos sociales, productivos y políticos que favorecerán en la práctica la construcción de una autentica paz, con mayor justicia y una mejor democracia.


22 de Febrero de 2017                             

martes, 21 de febrero de 2017





100 constructores de paz para el proceso Gobierno - ELN
Elementos para pensar la metodología de la participación social

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente –Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz –CPSPP-

De Quito comienzan a llegar los primeros comunicados conjuntos de las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el ELN, lo que representa una buena señal de que las conversaciones, que en esta fase de construcción de confianzas y primeros acuerdos no es fácil, van marchando a ritmo lento pero seguro. La decisión de trabajar en dos subcomisiones,  con un solo cuerpo de mesa,  le permite a las delegaciones avanzar sin premuras en la búsqueda de los consensos necesarios para llegar a los primeros acuerdos que por su naturaleza son de implementación inmediata en la medida en que son prerrequisito para ambientar y ponen en marcha los diálogos propiamente dichos.

La subcomisión humanitaria, tiene la responsabilidad de construir un acuerdo de desescalamiento de la confrontación y de cese de hostilidades que acabe el secuestro y la ola de asesinatos contra los dirigentes sociales y políticos y, pensar en la posibilidad real de implementar un cese al fuego bilateral y focalizado, sobre áreas que en este momento lo requieren con urgencia para facilitar los procesos de participación social y que ayudarían, adicionalmente, a la fase de implementación de acuerdos que se encuentra en marcha. Un cese al fuego focalizado que les permita a las Fuerzas Militares centrar su atención en la lucha contra las bandas criminales y el paramilitarismo. Resulta muy difícil que la participación de la sociedad se de en medio del conflicto armado y eso requiere que las partes se pongan de acuerdo en cómo crear las condiciones de seguridad para que los diálogos que se den en los territorios no tengan incidentes que lamentar.

Por su parte la subcomisión metodológica debe trabajar para encontrar una propuesta lo más realista, objetiva y práctica para que la participación de la sociedad sea productiva y sus aportes sean vinculantes a los puntos de agenda que los convoca. Desde la experiencia que el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia ha adquirido en relación con los Foros Nacionales y Regionales solicitados por la mesa de la Habana y la participación en la organización y desarrollo de la Segunda Asamblea Nacional por la Paz convocada conjuntamente con la Unión Sindical Obrera (USO), las enseñanzas y los aprendizajes adquiridos en estos procesos nos ubican frente a dos procedimientos complementarios y útiles para garantizar la participación efectiva de la sociedad en general. Primero, la realización de eventos de naturaleza “masiva”, pero cualificada, en los distintos territorios en que se quieran desarrollar diálogos que giren en torno a problemas territoriales y poblacionales específicos, en donde se ventilen de manera clara propuestas que puedan ser organizadas alrededor de grandes ejes temáticos. Segundo. Crear una mesa de diálogo permanente de la sociedad, compuesta por 100 Constructores de Paz, de la que hagan parte las dirigencias reconocidas y legitimas del movimiento campesino, indígena, afrodescendiente, obrero, popular y  estudiantil; así como representantes del movimiento de mujeres, población LGTBI, movimiento juvenil y ambiental y, otros movimientos que se consideren esenciales para los diálogos. Pero Igualmente, donde participen los sectores productivos a través de sus organizaciones gremiales y centros de estudio, que hagan presencia la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC; la Asociación Nacional de Industriales, ANDI; la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN; la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, CONFECAMARAS; Representantes de empresas transnacionales que trabajan en sectores estratégicos de la economía como el minero-energético, de infraestructura y el agroindustrial, entre otros.

Una mesa que convoque representantes de los movimientos sociales y políticos, en la que se den cita todos los partidos para reflexionar sobre los temas de la democracia y la organización del sistema político y electoral del país y, de los procesos que conducen a la ampliación y profundización de la democracia.

Deben estar igualmente representados sectores de la academia que puedan contribuir de la mejor manera a la construcción de propuestas viables en un proceso que por su naturaleza se da de manera colectiva.

Desarrollar un número representativo de encuentros masivos que vayan definiendo un interlocutor legítimo de la sociedad que conformen ese equipo de trabajo de 100 Constructores de paz, como un capital social, calificado y legítimo de la sociedad que ayude de manera sistemática al procesamiento y elaboración de propuestas, a través de mesas o comisiones especializadas podría ser una ruta para construir los diálogos con la sociedad y fortalecer la legitimidad de las decisiones de la mesa.  No obstante, cualquiera que sea el camino metodológico que se decida, lo importante es que las partes estén de acuerdo y el país sienta que el proceso avanza y marcha por buen camino.


21 de Febrero de 2017         

viernes, 10 de febrero de 2017




DIALOGOS GOBIERNO-ELN
 En la ruta de la paz completa

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador 
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz - CPSPP-UN


El inicio de la fase pública de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el ELN, en la ciudad de Quito-Ecuador, estuvo cargado de expectativas y escepticismos. La naturaleza de la agenda y la ruta de participación de la sociedad,  colocan a las delegaciones de paz frente a grandes retos para llevar las conversaciones de manera exitosa y garantizar la firma de un acuerdo de finalización del conflicto que satisfaga las partes y haga efectiva la idea de Paz Completa.

Las preguntas centrales que se le hacen a estos diálogos son tres: 1. ¿Cómo va ser la participación de la sociedad y con qué propósito?; 2. ¿Qué tan vinculante van a ser los resultados de  esa participación en la definición de los temas de agenda? 3. y ¿Cuáles deben ser los resultados de las conversaciones que establezcan la finalización del conflicto armado entre el ELN y el Gobierno?.

Tanto el gobierno como el ELN van a recoger la experiencia alcanzada en otros procesos y buscaran realizar el mejor trabajo posible para hacer coincidir sus distintos enfoques e intereses. Dadas las características de la agenda y las dificultades que se han presentado para poder colocar en marcha la mesa pública, lo mejor podría ser que las conversaciones se iniciaran con dos comisiones de trabajo, una con el propósito de abordar el tema de la participación de la sociedad  y la otra, los temas humanitarios y de desescalamiento del conflicto, tema este que es fundamental para la ambientación de los diálogos.

El desarrollo de la mesa pública de conversaciones es una escuela de aprendizajes compartidos, en la que se construyen las confianzas y los entendimientos necesarios para sacar adelante las conversaciones sobre una agenda que en este caso está por constituirse,  con la ayuda de la sociedad,  en su parte sustantiva. Los diálogos deben desarrollarse con la mayor objetividad y realismo y,  sin que existan metas predeterminadas e insalvables, las partes deben ir encontrando el fundamento esencial de los acuerdos entendiendo que estos tienen su propio tiempo de implementación.

Construir una atmosfera de confianza para dialogar

Tal vez el primer reto que tiene la mesa es construir una atmosfera de confianza en que las dos partes se sientan lo suficientemente cómodos como para avanzar en las conversaciones sin convertirla en un lugar de pulsos y forcejeos innecesarios. En este caso, la mesa se extiende al cuerpo social en las lógicas de la participación la que desde el comienzo debe precisar sus alcances y la naturaleza vinculante o no de sus propuestas. Una mesa de esta naturaleza debe estar abierta a la intervención de los distintos sectores de la sociedad y debe ser fundamento de un dialogo complejo de intereses y necesidades. Un elemento innovador de este proceso, lo constituye precisamente la participación de la sociedad la que seguramente va llegar cargada de propuestas y necesidades de todo tipo que las partes tendrán que organizar, sistematizar y tratar ordenadamente en lo que es posible.

En los últimos semanas de Diciembre y las primeras de Enero, se ha percibido un cambio importante en el lenguaje de las partes;  hay un ELN más relajado, menos tenso, más comunicativo, dispuesto al dialogo y más comprometido con el mismo. La delegación de paz conducida por Pablo Beltrán, el más veterano de la delegación en conversaciones de paz, comienza a visibilizar otros liderazgos en sus procesos de aprendizajes y desprendimientos. Igualmente, la delegación del gobierno, conducida por Juan Camilo Restrepo, asumió con especial rigor la tarea de superar los escollos y cumplir en la práctica con los compromisos humanitarios, acordados bilateralmente.

Las conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, ira tomando fuerza en la medida en que se reconozca y se haga evidente que el ELN, es una organización, social, cultural y políticamente distinta a las FARC y que ello implica que debe tener en los diálogos su propio espacio y tiempo. Que la mesa ira construyendo un reloj cuya velocidad está determinada, por nada distinto,  a la voluntad de las partes de ponerse de acuerdo en los puntos de mayor complejidad y confrontación. Tengo la certeza que tanto el gobierno como el ELN entraran en una dinámica de entendimientos que la sociedad se encargara de legitimar con su participación centrada e inteligente.

Una metodología rigurosa y clara

Un segundo reto consiste en dotar los diálogos de una metodología lo suficientemente rigurosa que posibilite que la participación de la sociedad se de en el marco no solo de procesos claros, sino, sobre todo de propósitos claros.

Convertir a la sociedad en un sujeto de diálogo en unas conversaciones de paz es fruto de un proceso paulatino de empoderamiento que conduce a actores sociales marginados o excluidos a desarrollar su visión del mundo social y político, a ganar identidad y voluntad política, a concebir y realizar acciones de injerencia social  para negociar entornos más favorables a sus necesidades. Incidir en la toma de decisiones que permitan llegar a acuerdos en una mesa de conversaciones requiere y fomenta una actitud proactiva, promueve el fortalecimiento organizacional y la necesidad de robustecer liderazgos que sean capaces de formular objetivos claros y desarrollar acciones para posicionarse ante la opinión pública y frente a otras fuerzas sociales.

En mi concepto el ELN, es una organización afortunada, cuenta con una serie de esfuerzos sociales y organizativos que se han dedicado con especial entrega a promover sus diálogos a través de las más diversas acciones y acompañamientos; cuenta con el respaldo de sectores progresistas de la iglesia que están dispuestos a jugar un papel decidido en la mediación amplia para favorecer el mejor desarrollo posible de los diálogos y,  con una Comisión Facilitadora Civil para los Diálogos con el ELN, que los ha acompañado a lo largo de casi 20 años, la cual fue idea del inmolado Jaime Garzón. Pero, Igualmente, sin ningún escrúpulo pueden disponer de toda la inteligencia del país para que les hable y los oriente sobre los temas de interés en los que consideren que se requiere de mayores experticias a las que tienen.

Una agenda propia de interés nacional

Más allá de las temáticas generales que se corresponden con la canasta de derechos sociales que han de mover la conflictividad futura  (trabajo, salud, educación, vivienda…), de la lucha por una democracia incluyente y respetuosa de la diferencia, del tema de las víctimas del conflicto y los derechos humanos de la población,  el tema central del ELN tiene que ver con la política minero energética, el medio ambiente y los recursos naturales, aspectos  que la organización ha reivindicado desde mediados de la década de los ochenta.

 Hoy el ELN, puede contar con un mayor apoyo si toca con suficiente y pragmática inteligencia el tema minero energético, prestando especial atención a la minería artesanal y tradicional, a la pequeña y mediana minería, a la legalización de los títulos mineros de pequeños y medianos propietarios, a la revisión de la política de distribución y condiciones de inversión de regalías en los territorios productivos, al manejo ambiental por parte de las trasnacionales, a la conservación de los recursos naturales como recursos estratégicos de la nación (aguas, páramos, humedales, selvas y ecosistemas frágiles…entre otros), al compromiso social empresarial con las poblaciones y los territorios. Si enfrenta con decisión la minería ilegal en manos de paramilitares y bandas criminales y legaliza socialmente su propia minería.
     
La capacidad de influir en lo político depende del poder que el ELN logre acumular en apoyo social y movilización,  así como de su fortalecimiento como sujeto social y político, tanto a su interior, como en sus relaciones con otros grupos e intereses, lo cual tiene implícito un diálogo más amplio que sus propios espacios naturales y sus propias o exclusivas necesidades. El dialogo con empresarios y gobernantes regionales, con los partidos políticos, la iglesia y la academia, con la fuerza pública y la comunidad internacional hace parte de ese proceso de construir relaciones proactivas a un proceso amplio de participación y apoyos. 

Seguramente el ELN dará especial atención a los sectores y movimientos sociales que han luchado en torno a nuevas agendas reivindicativas, más equitativas e incluyentes,  que contribuyen a la transformación de las relaciones de poder y a la construcción de ambientes de bienestar, convivencia y seguridad superiores en los territorios, pero que  están en espacios donde la multiplicidad de intereses, en particular de economías a gran escala y estractivistas,  debe ser tenida en cuenta en diálogos abiertos y francos donde la agenda común los reconozca y valore con realismo.

La producción local y regional de iniciativas y propuestas de la sociedad, genera insumos para la construcción de política pública de implicaciones nacionales, porque se comparten problemáticas y necesidades que lo posibilitan, pero su fortaleza está en la posibilidad de pensar la paz desde los territorios y las regiones atendiendo las especificidades de cada uno, de ahí el énfasis y la tendencia que tiene el dialogo con el ELN a construirse desde los territorios, con sus poblaciones, necesidades y conflictos. 

Un punto previo humanitario.

Un dialogo manejado con suficiente claridad e inteligencia, debe dar al tema humanitario un lugar especial que permita llegar a acuerdos de implementación inmediata. El tema del secuestro tiene un peso moral muy alto en la sociedad colombiana y es necesario hacerlo a un lado tomando decisiones al respecto que impida cualquier tipo de cuestionamiento permanente a los diálogos, más cuando existen temas centrales que comprometen la seguridad de la población y a los cuales el Estado colombiano debe prestar especial atención.

La reactivación de los grupos paramilitares y la persecución y asesinato de dirigentes sociales constituyen un impedimento real para que los diálogos puedan darse en un contexto participación amplia de la sociedad. La posibilidad de declarar inicialmente un cese unilateral al fuego por parte del ELN,  y una actitud institucional de desescalamiento del conflicto y centralización de las acciones de la fuerza pública en los enemigos de la paz, sería un avance significativo en el camino de ir encontrando el cese bilateral y definitivo al fuego. Declaran un cese conjunto de hostilidades en el que se garantice la suspensión del secuestro por parte del ELN y de la persecución y el hostigamiento por parte del Estado y las Fuerzas Militares a las poblaciones en los territorios, así como el mayor respecto y seguridad para los líderes sociales constituye una tarea esencial de esa comisión humanitaria, la que debe ocuparse igualmente de los prisioneros políticos y sociales, de su seguridad, derechos y estado de salud.

Sentarse a la mesa de conversaciones en la fase publica es abrir una ventana de oportunidades que trabajada con responsabilidad permite alcanzar importantes y significativos logros en el camino de acuerdos definitivos.        

No hacer a un lado la agenda de la Habana.

Los puntos de agenda que se conocen, acordados entre el gobierno y el ELN, seguramente tomaran en consideración obligados aspectos de los temas acordados en La Habana que competen al interés general en un único sistema político y para una única nación. Ya Nicolás Rodríguez ha hablado al respecto y seguramente las circunstancias históricas han de ir definiendo en la práctica ese tipo de acercamientos y adscripciones, sin que ello signifique subordinación alguna. Temas como víctimas y justicia que fueron resultado de discusiones de largo aliento pueden ser revisados desprevenidamente y valorados en la justa dimensión de lo que resulta necesario.

El proceso de conversaciones entre el Gobierno Nacional y el ELN, comienza a producirse a puertas de un periodo político que promete ser bastante complicado en término de disputas entre distintos sectores e interés partidarios y,  por esa razón,  debe blindarse adecuadamente para sobrellevar una coyuntura electoral que va a estar cargada de todo tipo de objeciones. El ELN puede de manera inteligente interlocutar con los distintos partidos y movimientos políticos sobre los temas de la paz y colocar la discusión en el ámbito del interés nacional, evitando así que el debate electoral instrumentalice negativamente el proceso.     

La propuesta hecha por el ELN de depositar la confianza en la sociedad para que participe democráticamente en la formulación de iniciativas a la mesa de conversaciones, puede que concluya con el tiempo en una gran DIÁLOGO NACIONAL y en un PROGRAMA NACIONAL DE PAZ, que comprometa reformas constitucionales e institucionales democráticas, políticas públicas incluyentes, planes de desarrollo e inversiones focalizadas, dirigidas a construir una sociedad más libre, justa y democrática.

Por ahora, es necesario desear que los diálogos vayan encontrando, poco a poco, los ambientes, seguridades, entusiasmos y respaldos que les permita transitar el difícil pero necesario camino de un acuerdo definitivo de terminación del conflicto armado y construcción de una paz completa.


Nota: Este artículo fue escrito para la revista IZQUIERDA      

martes, 24 de enero de 2017




IZQUIERDA, CULTURA POLÍTICA Y DEMOCRACIA

CARLOS MEDINA GALLEGO
Docente-Investigador
Universidad Nacional de Colombia
Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz  -CPSPP-

Tal vez uno de los mayores problemas que tiene la izquierda colombiana, para asumir el actual momento histórico de construcción de paz y a puertas de la coyuntura electoral es el carácter conservador de una ideología y una práctica política  que no le permite encontrarse en el desarrollo democrático del país. 

Existe una profunda disociación entre la práctica política y un discurso ideológico-cultural, cuya peor expresión es que la ideología asumida en forma totalitaria hace las veces de programa infalible de gobierno, al margen de una realidad histórica que la convoca a innovarse permanentemente, en el marco de una situación social que se lo exige para hacerse objetiva. A eso hay que añadirle la insuficiencia del debate político causado por un déficit creciente de democracia que no permite la diferencia, el pluralismo y el camino de coaliciones de avanzada que posibiliten escenarios de acumulación y favorezcan los procesos de transformación en contextos claramente democráticos.

A nuestra izquierda le resulta difícil aceptar que las ideologías “envejecen” y "caducan" cuando se transforman los contextos históricos que les dieron sentido y   que es necesario reinventarlas a cada momento para que cumplan el papel que le corresponde a su tiempo y,  que eso significa,  ni más ni menos hoy,  la necesidad de su actualización en el marco de la lucha por un mayor desarrollo democrático de la sociedad actual. 

El modelo constitucional existente revela marcadas insuficiencias en la garantía de derechos políticos y sociales fundamentales y, la necesidad de su transformación en el marco de la ampliación y profundización de la democracia que no se agota en los sistemas de partidos, regímenes electorales o estatutos de oposición. Existe una marcada separación del sistema institucional y normativo de las necesidades del orden social lo que precariza la legitimidad del sistema y su funcionamiento en correspondencia  con las necesidades y urgencias de la población, que la izquierda no logra interpretar como fundamento de la lucha política, pues su anclaje se encuentra en un enfoque teleológico que no le permite encontrarse. No obstante, participar en las luchas de los movimientos sociales, desconoce el valor de las luchas cotidianas de la población por sus más urgentes necesidades, en la construcción de acumulados estratégicos de bienestar. 

Las agendas reivindicativas y políticas  que dieron origen a las izquierdas en la década del sesenta y setenta, en contextos históricos de especial fervor revolucionario, hoy siendo la naturaleza de los problemas esencialmente iguales, la percepción que tienen las poblaciones de los mismos son sustancialmente distintos. Tal vez el mayor y más difícil reto de la izquierda consiste en subvertirse a sí misma, trasformando sus prácticas culturales, que no solo le impide ser con otros, sino, lo que es aún más grave, ser consigo misma. No existe ninguna manera de avanzar si no se supera las posturas hegemónicas, vanguardistas y excluyentes a través de las cuales se construyen las relaciones con los propios y los afines; si no se produce el desprendimiento de todo tipo de verdad autoritaria y se construyen certezas compartidas, si no hay desintoxicación de todas las maneras de comportarse en radicalismos excluyentes y autodestructivos.  
    
La izquierda tiene que ir  superando ese modelo cultural que le imposibilita pensarse en un  escenario de lucha política democrática, que ha sido usufructuado monopólicamente por las elites tradicionales de derecha en confrontación con sus propios conflictos e intereses, de una manera diferente a la de ser exclusivamente oposición. Ni en la guerra, ni en la política, la izquierda ha sido una amenaza estratégica para la derecha, ha sido un pretexto funcional para enfrentar y deslegitimar la protesta social, violar los derechos humanos e incrementar las formas de represión, pero no una amenaza para el ejercicio del poder político en beneficio del poder económico.

Hoy es necesario examinar las condiciones y el alcance real de la izquierda en un modelo de desarrollo democrático que se formula como supuesto esencial la representación social directa y la participación ciudadana en el sistema estatal colombiano, no solo en los tradicionales escenarios de representación sino, específicamente en los ámbitos de la gestión pública, el control social a la misma, la planeación estratégica local, regional y nacional, la gestión del bienestar, todo en el marco de nuevas modelos de gobierno, gobernabilidad y gobernanza.

El sistema estatal se ha sostenido pese a las contradicciones que representa, por la calidad de los actores que intervienen en él, todos muy cerca de sus intereses personales y del sector social del que provienen sus financiamientos y muy lejos de los propósitos del bien común y de los sectores populares. Cada vez el sistema funciona más lejos de todas sus prerrogativas, limita el contenido de las atribuciones de sus delegaciones y opera en un contexto que reduce las posibilidades de desempeñar las funciones que el mismo establece. Existe un modelo de democracia contratada que es utilizada para beneficio particular, de la cual es necesario y urgente salir.

Para superar esas situaciones se requiere de una izquierda que reelabore en su práctica el modelo de participación ciudadana desde el Estado mismo devolviéndole la preeminencia de la soberanía popular; aprenda a comunicarse con la ciudadanía, con la sociedad civil en general y los movimientos sociales comunitarios; se refunde políticamente en una perspectiva democrática en proceso creciente de profundización; supere el negacionísmo institucional y aprenda a gobernar y administrar con pulcritud el Estado.

Una izquierda que sepa relacionarse con los sectores productivos en una perspectiva que favorezca el desarrollo económico nacional y la producción del bienestar de las poblaciones. Una izquierda que no le haga propaganda a derecha y se descalifique a sí misma. Una izquierda moderna, amplia y democrática capaz de actuar con eficiencia y eficacia en el universo político y económico existente en una perspectiva de cambios permanentes.

El cambio comienza por renovar las direcciones y liderazgos, hacer auténticos relevos generacionales, que no consisten en reemplazar viejos sabios, innovadores y demócratas, por jóvenes añejos, radicales y sectarios, sino, por cambiar la manera de verse y comportarse en el mundo en relación con el interés público y común; transformar los programas maximalistas por programas pertinentes y realistas, alcanzables; cambiar el lenguaje autoritario, por un lenguaje incluyente, establecer nuevas estrategias de comunicación, nuevos símbolos y rituales. 

La izquierda para cambiar necesita más imaginación, más alegría, mayor capacidad para dar amor.